Han pedido dejar sus cargos pastorales mientras las causas judiciales avanzan lento y no se percibe reacción en el clero frente a la crisis eclesial
Hans Kast, del clero de Santiago, fue el primer sacerdote que denunció ante la Fiscalía a Fernando Karadima en 2010, siendo canciller del arzobispado. A través de una carta, primero, y en declaración formal después, denunció haber presenciado actos de abuso cometidos por el párroco de El Bosque.
Ahora ha solicitado al Arzobispo de Santiago, Celestino Aós, dejar su trabajo de párroco que desempeña hace 9 años, lo que le fue aceptado y se concretará a fines de este mes.
Un comunicado del Arzobispado firmado por el obispo auxiliar y vicario para el clero, Alberto Lorenzelli, informa que son dos los sacerdotes que pidieron receso en la labor pastoral de sus parroquias: Kast y Sergio Cobo, también denunciante de Karadima. A ellos se suma el presbítero Lionel de Ferrari en esa condición desde antes. Según el comunicado, ellos piden un tiempo de “discernimiento” y “acompañamiento espiritual”.
Aunque falta que el propio Kast defina sus expectativas de cómo continuará su proceso, cercanos suyos afirman que estaría evaluando realizar una experiencia monástica.
José Andrés Murillo, víctima de Karadima y uno de sus denunciantes, ante esta información expresó que “le tengo un cariño enorme y un gran respeto y gratitud al padre Kast, por cómo actuó en contra de todo, y espero que su proceso de reflexión le ayude a llevar una vida de plenitud”. Agregó que “de todo esto, lo más preocupante es que parece que las autoridades de la Iglesia no se dan cuenta que se les están yendo la gente buena y valiosa, los que realmente quieren hacer el cambio, y se están quedando con los otros, los que no quieren hacer nada”.
Kast hoy aparece vinculado al proceso judicial civil por encubrimiento de los cardenales Ezzati y Errázuriz, debido a la existencia de un correo electrónico dirigido a Ezzati, en 2011, y firmado por él como canciller del arzobispado. Allí daba cuenta de denuncias en contra del sacerdote Jorge Laplagne, señalado por primera vez en 2010 e indagado por la Iglesia. “Pienso que es necesario abrir una investigación previa conforme lo pide el canon 1717, que no se demore mucho para discernir la verosimilitud de este asunto, considerando que se trata de dos hechos en diferentes lugares y tiempo”, decía el mail, según informó el diario La Tercera.
En el mismo añadía, “quizás haya que considerar alguna medida pastoral y/o cautelar. Se hace, por otro lado, urgente abrir un departamento en la arquidiócesis que pueda recibir estas denuncias, ya que la cancillería tiene múltiples otras tareas y es prioritario atender cada denuncia que pueda llegar a la curia”. Ninguna de sus sugerencias se concretó y el caso de Laplagne se cerró en 2015.
La figura de Kast y la revelación de los correos podría complicar especialmente a Ezzati, en el marco de la indagatoria, que busca resolver si existió encubrimiento de abusos con respecto a otro sacerdote: el ex canciller Óscar Muñoz Toledo. Estos antecedentes, en poder de la Fiscalía, complican también al cardenal Francisco Javier Errázuriz, por eventual omisión.
“Estamos en un momento muy profundo de depresión espiritual porque muchos laicos se desaniman hasta el punto de salir de la Iglesia y el clero está completamente desorientado. El clero cree que esto va a pasar y cree que vamos a seguir en lo de antes. Yo creo que esto no va a pasar mientras no hagamos un cambio radical en la iglesia”, afirma el teólogo Sergio Silva, dos veces decano de la Facultad de Teología de la Universidad Católica de Chile, sacerdote de la congregación de los Sagrados Corazones, entrevistado por el portal Kairós News.
Ese cambio “viene por tomar conciencia del poder que hemos ejercido de mala manera”, agrega Silva. “Se nos caen las certezas impuestas por la fe, pero eran certezas mal puestas. La fe no se sostiene en el brillo exterior del poder de la institución. Se sostiene en el encuentro personal con el Señor y en la vida de fe de la comunidad. A partir de esa fe vivida en la pequeña comunidad, en contacto con otras comunidades, con formación bíblica potente, ahí tenemos que descubrir la nueva institucionalidad que nos ayude”, sostiene.
El fiscal nacional Jorge Abbott, en abril pasado, ofreció un balance de los casos de abusos en la Iglesia católica chilena: 246 víctimas en 164 causas que están siendo investigadas. “Es deber de la Fiscalía de Chile favorecer las condiciones para que víctimas denuncien, pues es su derecho ser escuchados por la justicia”, dijo Abbott.