Entre junio y septiembre del año pasado, fueron allanados por la Fiscalía, ocho obispados, la sede de la Conferencia Episcopal de Chile (CECh), el Tribunal Eclesiástico de Santiago y la sede provincial de los Hermanos Maristas, además de dos de sus colegios.
Algo inédito e inesperado. Al desconcierto que provocó al interior de la Iglesia, siguió un clima de desconfianza acrecentado por las denuncias públicas cada vez más numerosas que, a su vez, incrementaron el desprestigio público de la iglesia católica en el país.
La diligencia en el Arzobispado de Santiago incautó treinta y ocho expedientes de investigaciones canónicas por denuncias de presuntos abusos y violaciones cometidos por miembros de la Iglesia, desde 1995. Incluye a 37 sacerdotes, dos religiosas y dos laicos. Según los registros, hay al menos ocho actos que habrían ocurrido en colegios. Entre las víctimas, hay cuarenta menores de edad y nueve mayores.
Protección e impunidad
Con estas acciones, la justicia civil del país buscó acceder a información y demostrar que nadie está eximido de cumplir con la ley. Rompió el cerco de protección e impunidad en la iglesia. Sin embargo, los hechos tenían historia. La visita del Papa Francisco en enero del 2018 no tuvo el éxito esperado. Más aún: provocó irritación en muchos fieles por su organización y por la lejanía que se impuso al Papa para relacionarse con el pueblo. Tal vez, el acto más exitoso fue su visita a la cárcel de mujeres, precisamente el tipo de auditorio que se le quiso evitar. Y todavía irritó más la defensa que hizo Francisco del obispo Juan Barros, a quien siempre se vio cerca del Papa.
Algo provocó un cambio en Francisco y, menos de un mes después, envió al arzobispo Charles Scicluna a escuchar a las víctimas de Karadima y establecer la responsabilidad del obispo Barros como encubridor. La “misión Scicluna” dejó al descubierto la profundidad y la gravedad de los abusos en la iglesia chilena. Con ese informe a la vista, en mayo el Papa convocó a todos los obispos chilenos a la Santa Sede donde todos ellos dejaron sus cargos en manos de Francisco. Allí les leyó un duro documento sobre la crisis de la iglesia en Chile indicando que había perdido su centro: Jesús, y con ello había perdido su misión profética.
La Cofradía
Apenas concluido el encuentro de los obispos con el Papa, en Roma, un canal de televisión difundió un reportaje en horario de alta audiencia, en dos partes. Denunció la existencia en la diócesis de Rancagua de una “Cofradía” integrada por 12 sacerdotes. El reportaje dejó la impresión que todos ellos eran acusados por abuso de menores y que estaban articulados para sus actos delictuales.
Los sacerdotes fueron suspendidos, el obispo Alejandro Goic, en esa época además era presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Abusos, en la CECh, renunció a este cargo, y poco más de un mes después el Papa le aceptó su renuncia por haber pasado los 75 años.
En junio pasado, el jefe de la Unidad de Estudios de la Defensoría Regional, Víctor Providel, afirmó que “nunca existió una asociación ilícita al interior de la Iglesia Católica para proteger, facilitar, o ejecutar delitos contra menores de edad. No sólo se acreditó la inexistencia de la Cofradía, sino que tal como lo ha reconocido reiteradamente el Ministerio Público, esta investigación ha ido decantando y ha llegado a la conclusión que a lo menos diez de nuestros doce representados no tenía ninguna relación con los hechos constitutivos de delitos”.
Aunque la justicia civil no reconoce delitos en este caso, tres de esos sacerdotes fueron dimitidos del sacerdocio y el resto se ha reincorporado a sus anteriores labores pastorales.
Francisco pide perdón
En junio, el Papa volvió a enviar a Scicluna con la misión especial de provocar el reencuentro en Osorno. Para ello, encomendó al arzobispo transmitir a los católicos de esa diócesis su petición de perdón, lo que hizo en un templo catedral colmado de fieles, de rodillas ante ellos, junto al obispo Jorge Concha, administrador apostólico que sucedió a Juan Barros.
Las denuncias seguían llegando a la justicia civil y al Departamento Nacional de Prevención de Abusos, de la CECh, que había constituido el mismo Scicluna durante su última estadía.
En julio pasado, el Fiscal Nacional, Jorge Abbott informó a la prensa tener 164 causas por abusos y encubrimiento que involucran a más de 200 personas de la Iglesia, entre ellos 119 sacerdotes y 8 obispos, y que afectan a 246 víctimas.
En esa oportunidad, Abbott también se quejó de la escasa colaboración de la Iglesia, aludiendo al rechazo a su petición de acceder al “Informe Scicluna”.
Silencio de Francisco
Para muchos llama la atención el silencio del papa Francisco durante todo este año, después de haber escrito la ‘Carta al Pueblo de Dios que peregrina en Chile’ en la que invita a una profunda renovación de la iglesia, alentando al laicado a asumir un rol protagónico. Esta carta parece ser tan reconocida por el Papa que la publica, junto a otras dos que dirige a los obispos chilenos, en su reciente “Cartas de la tribulación”, de Editorial Herder.
Algunos indicaban al nuncio Ivo Scapolo como el contrapeso a la gestión de Francisco. Recién ha sido trasladado y llega el español Alberto Ortega, en quien ahora se pone la mirada. Sobre todo, para la renovación del episcopado ya que, un tercio de las diócesis, tiene Administrador Apostólico.
Cambios que se esperaban o signos de reconocimiento de la crítica realidad que denuncian los abusos sexuales, de poder y de conciencia, no se perciben. Un proceso de discernimiento que culminará en una Asamblea Eclesial Nacional, en mayo del 2020, es la tarea que proponen los obispos. Para muchos, ellos no ven la gravedad de la situación que vive la iglesia en Chile.
