El Instituto Pontificio Teológico Juan Pablo II sigue explicando y justificando la renovación de sus planes de estudio para adaptarlos a la realidad actual de las familias y a las exigencias pastorales acordes con los últimos sínodos dedicados a la cuestión. El último en sumarse a esta empresa ha sido el claretiano Manuel Jesús Arroba Conde, actual juez de la Rota de Madrid desde el pasado verano, que a través de un artículo en la edición diaria de ‘L’Osservatore Romano’ ha destacado las innovaciones en materia canónica de los nuevos programas académicos de la institución.
La orientación del derecho familiar planteado en los nuevos planes parte de la idea de que “el derecho es una herramienta para proteger y promover la calidad humana y humanizadora de las relaciones interpersonales y sociales más significativas”, por lo que la “promoción de una buena experiencia familiar, incluso con normas eclesiales adecuadas y eficaces, es fundamental para la evangelización”.
Ahora bien, para el experto “no son los conocimientos jurídicos los que constituyen la justificación principal de este renovado interés por el derecho de familia”, ya que es “imprescindible una mirada crítica y constructiva sobre los aspectos jurídicos de la institución familiar” para ver sus lagunas y sus límites. Por ello, pide ensanchar el concepto derecho de familia superando “la excesiva reducción de sus contenidos al ámbito del derecho privado, con sus tradicionales (aunque esenciales) cuestiones de filiación, patria potestad, sucesión, educación y otras similares” y, también, “estudiar las normas de las políticas sociales y económicas que tienen mayor impacto en la vida familiar, como las relativas al cuidado de los más débiles”. En este sentido, reclama, “utilizar herramientas empíricas lúcidas y no contentarnos con iniciativas basadas únicamente en la buena voluntad”.
También reclama “superar la excesiva ‘matrimonialización’ del derecho eclesiástico en materia de familia”. “Además del riesgo de empobrecimiento en la teología de la familia, demasiado reducida a la teología del matrimonio (y no raramente centrada únicamente en la dimensión moral), existe un insuficiente enfoque canónico”, añade. Habría que introducir temas no solo como la educación en la fe, sino también como el compromiso cristiano, la calidad de las relaciones interpersonales, la cercanía a las personas que sufren, el acompañamiento en los fracasos, el asociacionismo…
Un tercer desafío, para Arroba, es el “pluralismo legislativo” que va más allá “del único ideal evangélico de la familia, fundado en el matrimonio entre hombre y mujer”. “Parece necesario estudiar la importancia jurídica de las uniones afectivas no matrimoniales, preguntándose hasta qué punto es aplicable lo que ya ha madurado en la doctrina del Magisterio de Juan Pablo II sobre las llamadas ‘leyes imperfectas’ en materia de derechos biológicos”, reclama.