La consigna era clara: “Se ha acabado la barra libre para los conciertos educativos”. La pronunció en 2015 Vicent Marzà tras tomar posesión como conseller de Educación de la Generalitat Valenciana en el gobierno de coalición de Compromís con los socialistas. Ese mismo espíritu entre el PSOE de Aragón y Podemos consiguió sacar en 2017 a una marea humana de 30.000 padres y profesores a las calles de Zaragoza para protestar contra la reducción de aulas en la concertada.
Y, en definitiva, el Gobierno de Pedro Sánchez se dejó contagiar –nada más pisar la Moncloa en junio de 2018– por ese afán de mostrarle a la concertada su lugar como “subsidiaria” cuando, a través de su ministra de Educación, Isabel Celaá, anunció que eliminaría de la ley de educación “el requisito de la demanda social” para la concertada, llenando de inquietud a un sector que escolariza en España a uno de cada cuatro alumnos.
Cierto es que, desde entonces, tanto los esfuerzos de las autoridades autonómicas de Valencia como de Aragón han ido chocando con sentencias en contra que han puesto las cosas de nuevo en su sitio legal. Y en el caso de Celaá, los argumentos jurídicos que le mostró la concertada en una reunión de urgencia le hicieron sopesar la medida, habida cuenta de que aunque la expresión “demanda social” no les guste, es una evidencia, pues las aulas de la concertada –el 25% del total– se llenan precisamente porque es lo que demandan los padres.
Campaña de transparencia
En todo caso, la escuela concertada vive desconcertada un curso más. Hoy por hoy es indispensable en el sistema educativo español, pero se siente maltratada. Tanto que este mes de octubre ha puesto en marcha una campaña para “responder con transparencia y claridad”, en palabras de José María Alvira, secretario general de Escuelas Católicas (EC), a preguntas que se hace la sociedad como para qué sirve, cómo se gestiona, si está abierta a todos o discrimina a alumnos… como aseguran algunos.
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Y una primera verdad es que prácticamente desde que se aprobó el sistema de conciertos en 1985 (con el PSOE), previsto en la LODE, la concertada empezó a acumular un déficit económico que, en no pocos casos, unido al descenso en la natalidad, ha conseguido uno de los objetivos políticos que buscan hoy las fuerzas políticas citadas: el cierre de centros concertados. Baste echar un vistazo a los datos de la escuela católica concertada, basados en sus estadísticas y en las del Ministerio de Educación. Así, y desde 2016, sus centros han pasado a ser 1.996 (595 menos), donde se educan 1.217.674 alumnos (269.000 menos), con 102.465 trabajadores en total (23.422 menos), de los cuales 83.352 son docentes (19.124 menos).
Retraso en los pagos
“Económicamente estamos muy agobiados. El 31 de julio pasado, la Administración nos pagó los atrasos correspondientes a cuatro meses, y en la partida de Otros Gastos nos debían becas de comedor”, asegura Vicenta Rodríguez, secretaria autonómicas de Escuelas Católicas de Valencia.“Y la falta de ese dinero asfixia a los colegios por un doble motivo: primero, porque hemos tenido que pagar esos cuatro meses a los trabajadores con nuestros fondos, incluyendo la paga extra; y segundo, porque en el verano es cuando los colegios se ocupan de las tareas de mantenimiento, obras de acondicionamiento de aulas, inversiones de mejoras en las infraestructuras…”, señala.
“Es cierto que la Administración ha retrasado los pagos por una estrategia de presión, pero se suma a que en los conciertos, en la partida de Otros Gastos, hace muchísimos años que somos deficitarios y que no se actualiza su importe, por lo que sobrevivimos gracias a las aportaciones voluntarias de las familias y las partidas extraescolares”, apunta Rodríguez.
De hecho, estas “partidas extraescolares”, como los comedores, gabinetes psicopedagógicos, actividades no docentes y complementarias, tienen “una especial incidencia en la financiación de los centros privados no universitarios”, como dejó sentado la Encuesta de Financiación y Gastos de la Enseñanza Privada, realizada en 2017 por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en base al curso 2014-2015. Así, los hogares abonaron por estos servicios complementarios ofertados 1.310,5 millones de euros, el 76,5% correspondiente al coste del comedor. Por usuario, supuso 998 euros en los concertados, frente a los 1.036 en los no concertados.
