Héctor Barros, y la fiscal jefa de Delitos Sexuales, Yazmín Salech, se personaron por sorpresa en la sede de la Compañía de Jesús en Santiago con una orden judicial para incautar el informe de la investigación contra el jesuita Renato Poblete Barth, fallecido en 2010 a los 85 años de edad. Acto seguido, la Compañía en Chile expresó su preocupación por la eventual divulgación de la identidad de las víctimas de abuso por parte del religioso, las cuales habían solicitado no revelar sus nombres.
Su imagen se vino abajo en enero con la denuncia de la profesora de Teología Marcela Aranda, de la Universidad Católica de Chile, acusando al jesuita de abuso sexual, de poder y de conciencia. La Compañía abrió entonces una investigación a la que se sumaron otras 21 denunciantes –cinco menores– de hechos similares en un período de 48 años.
Relato creíble
El informe señala que “las conductas de abuso de poder, de conciencia, sexual y otros delitos cometidos por Renato Poblete Barth se sostuvieron en una especie de ‘doble vida’, amparado en su imagen pública de persona de bien (…). El abuso lo realizó desde la posición de poder que le dio esa imagen, su enorme red de contactos, y el poder económico que tuvo al manejar autónomamente importantes sumas de dinero durante muchos años”.
En febrero pasado, todos los jesuitas se reunieron en su encuentro anual. Devastados, algunos incrédulos, los 115 abordaron las acusaciones que implican a otros seis sacerdotes y establecieron criterios para encararlas. “Los jesuitas siempre nos hemos sentido un poco distintos –confesó Luis Roblero, capellán nacional de Gendarmería–, mejores que el resto de los curas. Pero el tema de los abusos nos puso, con todo el dolor y vergüenza del mundo, los pies en la tierra”.
