Concluida la misa de 11 –tras realizarla la semana pasada en el exterior– , la liturgia conventual en la que la escolanía ejecuta la parte musical, los monjes benedictinos del Valle de los Caídos han abandonado la basílica excavada en la roca de Cuelgamuros sin poder volver a entrar de nuevo en el templo. Según ha informado El independiente, el prior Santiago Cantera recibió poco antes la orden de la dirección de Seguridad de la Delegación del Gobierno en Madrid por la que quedaba prohibido para todos, incluidos los monjes, el acceso a la basílica a partir de las 14:00 h. de este domingo, 20 de octubre, aduciendo medidas de seguridad.
Más restricciones
Poco después de que se cumpliese la hora, hacían su entrada en el complejo dos furgonetas y dos camiones trasladando ya parte de la maquinaria pesada necesaria para las labores relacionadas con la exhumación del féretro de Francisco Franco. Entre la maquinaria se encontraba una manipuladora telescópica de ruedas con pala de la marca Caterpillar, tal como puede verse en los vídeos publicados en las redes sociales por la propia Hospedería del Valle señalando que “a las 14:50 horas ha entrado en El Valle maquinaria pesada para proceder a la profanación”.
Además, la propia hospedería ha vivido las restricciones de este domingo muy de cerca, ya que, según señalan, “más de 300 personas que tenían reserva para comer en la Hospedería del Valle se han quedado sin poder acceder al recinto”. No es la única instalaciones que se ha hecho en las inmediaciones del templo. Desde la abadía han publicado las imágenes de una torre provisional de comunicaciones rotulada con el logotipo de Movistar y que daría cobertura móvil al templo.
En los últimos días, el prior Santiago Cantera –que ha recibido el apoyo explícito a su labor por parte del obispo auxiliar de Madrid Juan Antonio Martínez Camino– se ha visto obligado a denunciar a la Delegada del Gobierno en Madrid y al Tribunal Supremo que algunos guardias civiles armados estaban deambulando por la basílica, vulnerando de esta manera el principio de inviolabilidad de los lugares de culto al no tener los agentes la autorización eclesiástica pertinente, que debería venir del propio prior.
