Ayer, mientras el Gobierno daba los detalles sobre la exhumación de Francisco Franco que tendrá lugar este jueves, el prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, presentaba ante el Juzgado de Guardia de San Lorenzo de El Escorial, una denuncia por “acceso inconsentido de la Guardia Civil” tanto a la abadía como al interior de la basílica. En el escrito, al que ha tenido acceso Vida Nueva, el religioso benedictino también se denuncia cómo se ha impedido el acceso tanto a los monjes como a estudiantes, familiares y fieles “para asistir a misas y oficios religiosos”.
De esta manera, Cantera clama al juez para que inicie una investigación –“y en su caso, el enjuiciamiento”-, además de solicitar que se permita el acceso a la Basílica “para realizar los actos de culto y vigilar que no se lleven a cabo conductas inapropiadas de un lugar sagrado”.
La puerta de acceso de los monjes a la basílica permanece sellada
El prior pone en conocimiento del magistrado que en las ceremonias religiosas “ha habido guardias civiles armados” tanto uniformados como de paisano con la argumentación de evitar que realizaran grabaciones cuando el punto del acuerdo aprobado por el Gobierno solo prohíbe realizarlo “en el momento de la exhumación y de la inhumación”. Más allá de los hechos, Cantera reconoce el “trato exquisito” de los agentes.
“A su antojo”
En la denuncia, Cantera explica que esta presencia de agentes de la Benemérita se está llevando a cabo “sin autorización judicial ni acuerdo alguno que pudiera justificar dicho acceso” desde el pasado 11 de octubre. Es más, explicita que desde entonces “entran y salen a su antojo y, ante la persistente reclamación de explicaciones, únicamente alegan que tienen órdenes verbales en tal sentido de la Delegación del Gobierno, sin facilitar nunca una resolución escrita que así lo recoja y fundamente”. Así, el religioso insiste que hasta la fecha no ha recibido “orden habilitante alguna”, o lo que es lo mismo, “ni lo autoriza el Acuerdo del Consejo de Ministros, ni podría autorizarlo, ni tampoco se ha exhibido orden judicial alguna”.
Por otro lado, el prior lamenta que se esté dificultando el acceso a celebrar misas y oficios religiosos en la basílica tanto a familiares de los estudiantes de la escolanía como a los demás fieles “sin ninguna lógica ni criterio alguno”. Es más, el religioso desvela que el pasado 13 de octubre también en un primer momento sufrieron restricciones de acceso los alumnos externos. Este hecho les llevó a celebrar una misa de campaña en el exterior del monasterio, tal y como recogió Vida Nueva.
Acceso limitado
Cantera aclara además que el capitán y el teniendo al mando de los efectivos les comunicaron que “a partir del día siguiente, únicamente se permitiría el acceso a la basílica de los monjes”. Tras elaborar un escrito a la Dirección General de la Guardia Civil, se permitió el acceso a los escolanos, pero no a quienes se alojaban en la hospedería y demás fieles.
Eso sí, se llegó a requerir un listado con identificación completa para asistir a la eucaristía. “Tras consultar este Prior-Administrador con los abogados y oponer que ese listado previo podía ser contrario al derecho a la libertad religiosa y a declarar sus creencias, decayeron en su solicitud”. Finalmente, a partir del 16 de octubre, el prior detalla que “a falta de instrucciones escritas, se ha permitido el acceso de monjes, escolanos y huéspedes (no así de muchas otras personas que querían acceder al recinto para asistir a la Eucaristía)”.
Más allá de los preparativos
Por último, en la demanda, el prior pone en conocimiento de la Justicia que a partir del domingo 20 de octubre por la tarde cerró totalmente la basílica, incluso a los monjes, para abordar los preparativos de la exhumación. A pesar de que Cantera advirtió en una reunión a la Delegación del Gobierno que la basílica “es un lugar de culto y no se puede impedir el acceso a los monjes custodios del lugar”.
Es más, en la tarde del pasado domingo, la Guardia Civil instó a ocho monjes a abandonar el templo mientras rezaban ante el Santísimo, sin contar con orden judicial alguna. Posteriormente, se colocó una cadena en la verja de acceso entre la abadía y la basílica, tal y como muestra una imagen que han presentado como prueba en la demanda.
“Actos contrarios al culto”
“Lo grave no es solo que se impida el acceso a los monjes, sino que en una basílica campen libremente militares armados y operarios de funerarias y constructoras, sin control alguno pudiéndose, en consecuencia, producir profanaciones y actos contrarios al culto y a la piedad propio de una Basílica”, lamenta el benedictino.
En la denuncia, Cantera recuerda además cómo los acuerdos del Consejo de Ministros recogían que durante el proceso se respetaría tanto “la intimidad y la libertad religiosa de los afectados” como “el cumplimiento de la normativa que rige el acceso a los lugares de culto”. Sin embargo, el prior valora en la denuncia que las medidas adoptadas “van mucho más allá”, en tanto que “no han sido respetuosos” con el derecho a la intimidad -del domicilio, eso es, la abadía-, como el de libertad religiosa -la basílica-.
“La Guardia Civil no tenía autorización judicial para acceder a la abadía ni autorización eclesiástica para acceder a la Basílica, sino hasta el momento del inicio de las operaciones de exhumación”, reitera el religioso al final de la demanda.
