Desde que, el pasado 1 de octubre, la Gendarmería Vaticana entrara en las oficinas de la Primera Sección de la Secretaría de Estado y en las dependencias de la Autoridad de Información Financiera (AIF), y confiscara documentos confidenciales y ordenadores, deteniendo además a cinco personas y suspendiéndolas de servicio, estalló definitivamente lo que parece ser una guerra soterrada dentro de los muros vaticanos. Una más, conocida ya como el ‘Vatileaks 3’, con filtraciones a la prensa de documentos confidenciales incluidas… Algo que ya sufrieron Benedicto XVI en 2012 (lo que influyó en su renuncia) y el propio Francisco en 2015.
La investigación surgió a partir de una denuncia previa del Instituto para las Obras de Religión (IOR) y la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA). En ese primer momento, no se rebeló la identidad de ninguno de los detenidos. Pero, ya al día siguiente, el diario L’Espresso publicaba la nota interna de la Gendarmería Vaticana, liderada entonces por Domenico Giani (quien acabó dimitiendo por ello), donde aparecían los nombres y los rostros de los cinco imputados.
Un palacete en Londres
En las semanas siguientes, diarios italianos como La Stampa, Corriere della Sera o Il Messagero ha dado a conocer detalles de la investigación ciertamente espinosos, como que se podrían haber extraído 200 millones del Óbolo de San Pedro, con los donativos de los fieles para las personas más pobres, para invertirlos en la adquisición de un palacete vaticano en Londres. Dicha operación habría sido realizada a través del fondo luxemburgués Athena Capital Global Opportunities, administrado por Raffaele Mincione.
Según informa Financial Times, en esta negociación habría desempeñado una función clave, como asesor, el actual primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, y en un momento significativo: solo unas semanas antes de encabezar el Ejecutivo de coalición entre la Liga Norte de Salvini y el Movimiento 5 Estrellas de Grilli, en el verano de 2018. Caído este recientemente, Conte ha vuelto a ser primer ministro, ya sin los representantes de la Liga Norte en el Gobierno.
Propiedad de la Secretaría de Estado
Según reconoció Mincione en una entrevista con el Corriere della Sera, el pasado 13 de octubre, el único inversor del fondo Athena Capital Global Opportunities fue la Secretaría de Estado del Vaticano. De esos 200 millones, 80 se habrían dedicado a hacerse con la posesión del 45% del edificio y el resto se habría empleado en varias inversiones en bolsa.
Más allá de las implicaciones éticas (hablamos de un dinero extraído de los donativos de los fieles de todo el mundo al Óbolo de San Pedro, cuyo fin es estrictamente asistencial con personas desfavorecidas), lo más grave de los hechos, según La Stampa, es que el promotor de Justicia, Gian Piero Milano, principal impulsor de la investigación, “ha identificado serias indicaciones de malversación de fondos, fraude, abuso de cargos, lavado de dinero y autolavado” por parte destacados de miembros de la Curia.
El Gobierno se desmarca
El Ejecutivo transalpino sostiene hoy en un comunicado la inocencia del primer ministro, negando que los supuestos vínculos entre Mincione y Conte (que habría sido contratado como asesor por el fondo) conlleven conflicto de intereses alguno. Y es que, al poco de acceder al poder, en el Consejo de Ministros se abordó esta operación. Sin embargo, ese día, Conte se encontraba participando en una cumbre internacional y no participó en dicha deliberación.
