“Denunciaremos los Acuerdos entre España y la Santa Sede de 1979 que dan continuidad al Concordato de 1953, en cumplimiento del precepto constitucional que establece la aconfesionalidad del Estado y la libertad religiosa, e impulsaremos un nuevo acuerdo bilateral entre ambos Estados, basado en el principio de laicidad, para mantener unas relaciones de cooperación moderna con la Iglesia católica”. Así aparece negro sobre blanco en el Programa Electoral del PSOE para las elecciones del 10-N, según avanza en exclusiva ElDiario.es
La eterna promesa de los distintos candidatos del Partido Socialista a la Moncloa, que Sánchez no incluyó el pasado septiembre en sus 370 medidas para un Programa Común Progresista, con el que realizó la última intentona por formar Gobierno, vuelve ahora a tomar fuerza, pues así se recoge en el epígrafe dedicado a “mejorar la calidad democrática”.
No se menciona específicamente la fiscalidad de la Iglesia, que el Gobierno en funciones ha apostado por revisar en alguna ocasión durante la eterna campaña electoral que llevamos viviendo este último año. Eso sí, dicho asunto iría englobado en la denuncia de los Acuerdos, puesto que los económicos, que sitúan a la Iglesia en la misma posición que cualquier otra entidad del tercer sector, van dentro de los suscritos en 1979 entre España y el Vaticano.
Lo mismo ocurre con la reiterada propuesta de sacar la asignatura de Religión del aula, que entraría dentro de los citados Acuerdos, pero que los socialistas han obviado recalcar. Y es que Sánchez, en los 16 puntos dedicados a la educación, encuentra otras urgencias.
Recuperar los bienes inmatriculados
La segunda y última vez que se cita a la institución en las 43 páginas de programa es para, una vez más, abogar por “recuperar los bienes matriculados [sic] indebidamente por la Iglesia” y llevar a cabo “una revisión de las operaciones que se han basado en el privilegio de inscribir en el Registro de la Propiedad bienes a partir de simples declaraciones de sus propios miembros”.
Por otro lado, prometen reformar “la vigente Ley de Memoria Histórica, conforme a las iniciativas ya impulsadas por el Grupo Parlamentario Socialista”. Del mismo modo, “desarrollaremos actuaciones de reconocimiento y reparación de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, declarando el 31 de octubre como el día de recuerdo para todas las víctimas del franquismo, y el día 8 de mayo como el día de reconocimiento a las víctimas del exilio”.
Y explican que, tras culminar el proceso de exhumación de Francisco Franco, “retiraremos la simbología franquista de los lugares públicos y reformaremos el Código Penal para incluir como delito la apología del franquismo y su exaltación y enaltecimiento en lugares de acceso público, y propondremos retirar las condecoraciones vinculadas a actuaciones durante la Dictadura”.
¿Y la Ley de Libertad de Conciencia?
Por su parte, el presidente en funciones, que apostaba en su paquete de medidas de hace solo un mes y medio por la aprobación de “una Ley sobre Libertad de Conciencia”, para favorecer, “en colaboración con organizaciones de la sociedad civil, el estudio de la incidencia de la intolerancia religiosa, así como un seguimiento de su evolución, estableciendo medidas para su prevención y erradicación”, obvia esta vez la cuestión.
Más allá de citas explícitas, hay otros temas que atañen a la Iglesia, desde la eutanasia a la educación, pasando por la reforma de la política migratoria o la ecología.
Para garantizar los derechos y libertades de la ciudadanía, el PSOE impulsará “una Ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona ante el proceso final de su vida, así como la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, y su inclusión en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud”.
Por contra, y en línea con la moral de la Iglesia, el Gobierno socialista dice “no” a los vientres de alquiler. Así se recoge en el apartado dedicado al feminismo. “La explotación reproductiva está prohibida en nuestra legislación, en coherencia con las recomendaciones del Parlamento Europeo. Los vientres de alquiler socavan los derechos de las mujeres, especialmente de las más vulnerables, mercantilizando sus cuerpos y sus funciones reproductivas”, indican. “Actuaremos frente a las agencias que ofrecen esta práctica, a sabiendas de que está prohibida en nuestro país”, añaden evitando en todo momento utilizar la denominación ‘maternidad subrogada’.
Sin alusión a la concertada
En otro orden de cosas, en materia educativa evitan el choque con la educación concertada, puesto que no se refieren a los conciertos educativos en ninguno de los 16 puntos dedicados a esta cuestión. Sin embargo, Sánchez promete un pacto educativo que “blinde la educación pública como eje vertebrador del sistema educativo e incorpore los acuerdos alcanzados por la comunidad educativa en estos años”. Asimismo, el programa recoge que impulsarán “el carácter obligatorio para todo el alumnado de la educación en los valores constitucionales, democráticos, cívicos y universales”.
En línea con la Iglesia de Francisco, denuncian la emergencia climática –denominada así en el documento–, cuya base está en consonancia con la denuncia del Papa en su encíclica ‘Laudato sí’.
En materia de migraciones, se comprometen a impulsar “un Pacto de Estado sobre inmigración” y “promover el cumplimiento de los Acuerdos de Marrakech”. Asimismo, esperan llevar a cabo “acciones positivas en relación con las mujeres inmigrantes y refugiadas en situación de especial vulnerabilidad, como las mujeres solas con cargas familiares”, como han pedido –entre otros– la Mesa por la Hospitalidad del Arzobispado de Madrid, con sendas denuncias al Defensor del Pueblo y a la Fiscalía. No obstante, el programa no da respuesta a la promesa de acabar con las concertinas que tanto impresionaron al papa Francisco en su entrevista con Jordi Évole.
