La asociación Betania, fundada meses atrás para el apoyo a víctimas de abusos sexuales en la Iglesia (es la primera entidad de este tipo en España, ofreciendo acompañamiento, ayuda psicológica y orientación legal), aprovecha que la Conferencia Episcopal Española (CEE) se reúne desde hoy en la Asamblea Plenaria para hacer llegar, a través de un comunicado, una petición concreta a nuestros pastores: “Que se arbitren los mecanismos y procedimientos necesarios, también económicos, para avanzar en el reconocimiento del daño causado a las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica, al modo que lo han hecho los obispos de Francia”.
Así, Betania reclama a nuestros obispos que sigan la senda de los galos y, tal como estos han dispuesto en su última Plenaria, también ellos fijen un fondo económico de compensación para las víctimas de esta lacra.
Urge la sanación
“La Iglesia –sostiene María Teresa Compte, presidenta de la entidad– debe reconocer su responsabilidad institucional, colaborar en la sanación de las personas que han sufrido abusos en su seno y procurar reparar el daño”.
Ello supondría un claro avance para superar la situación actual. Y es que, como argumenta Compte, “muchas víctimas tienen que esperar, como sucede ahora, a un largo y tortuoso proceso en los tribunales”; algo que “muchas no están en condiciones de emprender”. Frente a ello, una solución directa es que las personas que acrediten haber sufrido abusos por medio de un informe psicológico-forense puedan acceder ya a las ayudas del fondo de la CEE.
Luz en medio de las sombras
Además, apunta la presidenta de Betania, “una decisión de este tipo sería también de gran ayuda para víctimas que ya no pueden acudir a la vía judicial debido a que los delitos han prescrito”. Sin olvidar la situación de “muchas personas que han sufrido los abusos ya en edad adulta y para quienes, como la realidad demuestra, es especialmente difícil decidirse a denunciar”.
Pero, más allá de cómo se concrete la puesta en marcha de este fondo, “lo decisivo es lo que significaría una decisión como esta: se trata de reconocer y asumir la responsabilidad por el daño causado”. Algo con lo que se rompería con una actitud sostenida “durante décadas”, y por la cual la Iglesia española “ha antepuesto su reputación institucional a la verdad de las víctimas, hasta el punto de silenciar y encubrir unos hechos que han facilitado la comisión reiterada de los abusos”.
Cambio de mentalidad
Ante esta actitud de silencio y silenciamiento, ya tan extendida y consolidada, la realidad es que hay mucho trabajo por delante, sobre todo a la hora de cambiar la mentalidad. Hay ciertos avances, como los casos de “diversas diócesis españolas que han puesto en marcha comisiones para la investigación de denuncias y atención a las víctimas de abusos sexuales”. Pero, por ahora, ni mucho menos estamos ante algo mayoritario.
Para Compte, la clave es que “falta transparencia, así como unos procedimientos claros, públicos y comprensibles, como sucede en otros países de nuestro entorno, que preserven el anonimato de las víctimas y les permitan conocer de antemano cómo se va a actuar exactamente cuando presenten su denuncia, cuánto tiempo tendrán que esperar para obtener una respuesta o cuáles son sus derechos”.
Conocer la magnitud del problema
Otro paso más reclamado por la presidenta de Betania, y que marcaría un significativo cambio, es apostar por la apertura de los archivos, algo que también han hecho los obispos de Francia y que ayudaría a “una investigación independiente y rigurosa”, pues permitiría “empezar a conocer la magnitud del problema en España” y “sería una prueba de la voluntad real de la Iglesia de actuar”.
Porque, como concluye Compte, “no se puede ser juez y parte. Las personas que acuden a denunciar o a poner los hechos en conocimiento de las instituciones donde sufrieron abusos deben sentirse seguras, por lo que siempre es preferible que sean profesionales externos e independientes quienes realicen la intervención”.
Encuentros restaurativos
¿El camino ideal, en definitiva? Que “la institución religiosa en la que se cometieron los abusos se encargue de garantizar que sus víctimas tienen acceso a unos servicios profesionales, expertos y de calidad, y que, una vez completado el proceso, se presten a que, con la intervención de personas facilitadoras, puedan celebrarse encuentros restaurativos, siempre que así lo pidan las víctimas”.
