Con la entrega de los restos de las víctimas de la masacre de Bojayá se cierra uno de los capítulos más oscuros de la historia contemporánea de Colombia, pero se abre un debate en torno a la necesidad imperiosa de retomar los acuerdos de paz de cara a un proceso de perdón y reconciliación. El acto público y la Eucaristía que tuvo lugar en el polideportivo de Bojayá, el domingo 17 de noviembre, honró la memoria de las víctimas que, tras 17 años y dos meses, al fin logran descansar en paz desde aquel fatídico 2 de mayo de 2002.
Juan Carlos Barreto, obispo de Quibdó, junto con varias organizaciones de la zona, no desaprovechó la oportunidad para dirigir una carta abierta al presidente de la República, Iván Duque como máximo jefe de las Fuerzas Militares de Colombia, leída durante el acto, pidiéndole que “honre el Acuerdo de Paz, implementándolo, de manera oportuna e integral, específicamente en lo relacionado con el capítulo étnico y brinde las garantías constitucionales al pueblo afro e indígena de Bojayá”.
De igual forma Héctor Fabio Henao, director de Cáritas Colombia, y Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la verdad, quienes desde años han puesto el pecho por la construcción de la paz, han acompañado esta petición de la Iglesia local de cara al cuadro de violencia que crece cada día. El de Bojayá “es un ejemplo que nos invita a que en Colombia las víctimas sean el centro de construcción de paz y así lo reconozcamos en todos sus niveles”, ha dicho monseñor Henao.
Situación que se repite
El obispo de Quibdó, en la misiva, hizo un recuento de los antecedentes de esta solicitud. “El 21 de abril del 2004, las organizaciones etnicoterritoriales del departamento del Chocó y la Diócesis de Quibdó, dirigimos al entonces Presidente de la República de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, una carta abierta sobre la crisis de legitimidad en la región del Atrato”, señaló.
Sin embargo denuncia que “ya han transcurrido 15 años y esta misma situación se repite, con la variante de que, gracias al Acuerdo de Paz, hoy las FARC- EP han salido del territorio, pero ante la falta de implementación del mismo, el ELN ha copado estos espacios, se ha fortalecido militarmente y ha incrementado sus agresiones a la población civil”.
Amenazas latentes
“Hoy, cuando las comunidades afros e indígenas en el municipio de Bojayá nos disponemos a recibir los restos mortales de nuestros seres queridos”, advierten que sobre “nuestros pueblos y territorios se ciernen hechos amenazantes de desplazamientos, confinamientos, masacres, torturas, desapariciones, reclutamientos, violaciones que creíamos que podían ser superadas con la firma de un acuerdo de paz y la voluntad política del Gobierno”.
Igual situación padecen numerosas comunidades étnicas y campesinas en muchas regiones del país, especialmente en la Costa Pacífica, por lo cual “nos solidarizamos con los sufrimientos de todas estas comunidades y le insistimos, señor Presidente, que busque los mecanismos para que estos hechos no se repitan nunca más”.
Todo por delinquir
Todas estas actuales situaciones de violencia contra los pueblos étnicos del Bajo y Medio Atrato por parte de grupos al margen de la ley responden a un objetivo claro: “Apoderarse de nuestros territorios, con la intención de realizar grandes proyectos económicos” de explotación de recursos naturales, mineros, energéticos.
Asimismo ponen al descubierto la necesidad de estos grupos criminales de realizar en estos territorios ancestrales cultivos de coca y marihuana. Además han denunciado que “el reclutamiento forzado de menores de edad no se detiene, el confinamiento y el desplazamiento de las poblaciones étnicas, los asesinatos, amenazas y señalamientos a líderes, lideresas y autoridades étnicas están a la orden del día. Y la instalación de minas antipersonales copa los territorios étnicos”.
Sin respeto ni ley
Definitivamente son territorios sin ley, porque “los actores armados hacen presencia en los centros poblados de las comunidades imponiendo control social” mientras que “los paramilitares exhiben su poderío militar en armas y hombres” con lo que desconocen reglamentos internos, la autonomía y sistemas de gobierno de las comunidades. De este modo concluye la carta.
Desde este 19 de noviembre la comunidad de Bojayá comenzará un novenario y durante esos días sembrarán 100 árboles en memoria de las víctimas. El líder e integrante del Comité por los Derechos de las Víctimas, Yuber Palacios, durante la ceremonia ha recordado que “hoy delante de nuestros muertos adultos y niños que nos guiarán desde el cielo, les decimos a los actores armados que no los queremos en el territorio”.
Foto: Cáritas Colombia
