A través de una carta dirigida al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, los sacerdotes Edwin Aguiluz Milla, coordinador de la Zona de Cáritas de Centro América y México; y Francisco Hernández Rojas, coordinador Regional del Secretariado de Cáritas de América Latina y El Caribe, denunciaron persecución, hostigamiento y limitación de libertades a la Iglesia Católica en ese país, situación que calificaron de “dolorosa” e “inadmisible”.
Ambos sacerdotes se dijeron grandemente preocupados por la situación que está viviendo en particular el párroco Edwin Román, a quien se le ha privado de su derecho de celebrar libremente el culto, así como algunos de los fieles de la parroquia San Miguel Arcángel de Masaya, a quienes se les ha bloqueado la ayuda humanitaria indispensable para su sobrevivencia.
Actualmente en esa iglesia permanecen el sacerdote Edwin y 11 madres que reclaman la liberación de sus hijos con una huelga de hambre iniciada el 14 de noviembre; sin embargo, decenas de agentes antimotines mantienen rodeado el templo; el paso vehicular ha sido bloqueado unos 200 metros a la redonda, en tanto, el servicio de energía eléctrica y agua potable les fue suspendido.
A través de la misiva, fechada el 18 de noviembre del 2019 en San José, Costa Rica, Cáritas denunció que las “medidas represivas no tienen ningún asidero en el ordenamiento jurídico, por lo que son claramente violatorias de los derechos humanos garantizados por el régimen constitucional de la hermana República de Nicaragua”.
Por tal motivo, solicitaron al presidente Ortega que se garantice a los ciudadanos nicaragüenses, en particular a los de la parroquia de San Miguel de Masaya, la seguridad jurídica que les brinda el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Nicaragua: ‘Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección. No habrá discriminación por motivos de nacimiento, nacionalidad, credo político, raza, sexo, idioma, religión, opinión, origen, posición económica o condición social’”.
Cese a la violación de derechos humanos
De igual manera, los directivos de Cáritas exigieron al gobierno federal que se garantice el derecho de estas personas, plasmado en el artículo 29 de la misma Constitución Política: ‘Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia, de pensamiento y de profesar o no una religión. Nadie puede ser objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar estos derechos ni a ser obligado a declarar su credo, ideología o creencias’”.
Los sacerdotes confían en que, “en virtud de su autoridad como Presidente de la República, Jefe de Estado y Jefe de Gobierno, Ortega hará prevalecer la ley para que se asegure de inmediato el cese a la violación de derechos humanos mencionados, y que el cura párroco de la Parroquia de San Miguel y demás fieles gocen plenamente de su derecho a la alimentación, al agua, al saneamiento, a la movilización y a la libertad de culto”.
Caritas Internationalis es una confederación mundial de organizaciones católicas orientadas al servicio humanitario y de promoción del desarrollo humano integral. Desde hace más de medio siglo ha desarrollado una labor solidaria con los pueblos de México y Centro América, incluyendo Nicaragua, con labores de asistencia humanitaria a las personas afectadas por la pobreza y por las emergencias tras eventos naturales extremos, así como tareas muy importantes de respuesta a los retos de la seguridad alimentaria y de fomento de proyectos socio-productivos en beneficio de familias pobres de las comunidades.
