En República Dominicana, uno de los grandes problemas que lastran al país es la acaparación de tierras por parte de terratenientes y de grandes empresas, que, a través de sicarios y de emisiones de títulos de dudosa legitimidad, no dudan a la hora de echar a los campesinos de sus casas y espacios de cultivo; algo que se produce por la complicidad de gobiernos corruptos. Así, pese a que el latifundio y el monocultivo están prohibidos por la Constitución, la realidad es que la tierra dominicana está en manos de unos pocos.
Esta problemática se encarna con toda su crueldad en la región de El Seibo, donde los campesinos ven desde hace décadas cómo varios terratenientes les impiden tener una vida digna. Un drama que se ha agudizado con la presencia en la zona de dos grandes empresas azucareras, Central Romana (que abastece las tres cuartas partes del azúcar consumida en Estados Unidos, salidas directamente de estas tierras) y el Grupo Vicini, que prácticamente controla en Ministerio de Educación a través de una fundación.
La caña de azúcar arrasa todo
Y es que estos dos imperios económicos, además de devastar la tierra (donde se planta la caña, por los muchos productos químicos utilizados, ya no vuelve a crecer nada más), esclavizan a sus trabajadores (la mayoría de origen haitiano, trabajan todos los días del año y muchas veces hasta la noche, niños incluidos) y orillan al resto de habitantes, en su mayoría campesinos. Los dos últimos episodios de han dado en 2016 y en 2018, cuando dejaron sin hogar ni tierra de cultivo a cientos de familias.
Todo este sufrimiento lo hacen suyo desde hace mucho tiempo los religiosos dominicos, quienes, a través de altavoces como Selvas Amazónicas o Radio Seybo (en la que se involucran muchos de los propios campesinos), claman contra estas injusticias. Y a veces van más allá, como cuando consiguieron que, en 2016, la ONU les apoyara o, hace un mes, cuando, junto a otras entidades, iniciaron una marcha de cinco días que culminó en la capital, Santo Domingo, con una acampada frente al Palacio Presidencial para conseguir una reunión con el presidente de República Dominicana, Danilo Medina Sánchez.
Fuertemente reprimidos
Sin embargo, en la madrugada del 31 de octubre, fueron desalojados por la fuerza, deteniendo la policía a muchos de ellos. Lejos de amilanarse, los concentrados siguen hoy en una residencia de las misioneras dominicas, cercana al Palacio Presidencial. Ahora, todos los medios del país prestan atención a sus demandas. Conscientes de estar en un momento clave, este domingo se fue más allá y su última manifestación, pese a su carácter pacífico, fue respondida con explosivos tipo cócteles molotov por las fuerzas armadas…
En este contexto (pese a que dudó hasta el último momento sobre si salir o no del país), uno de los principales impulsores de la causa, el misionero español Miguel Ángel Gullón, quien lleva 14 años en El Seibo y 20 en total en República Dominicana, visibilizó el conflicto ayer, miércoles 20 de noviembre, en Madrid. Lo hizo al presentar el informe ‘Flores de dignidad en tierra de sangre’, elaborado por Selvas Amazónicas y en el que se documentan las múltiples vulneraciones de los derechos humanos en la región (incluido el asesinato de un niño de 12 años, Carlos Rojas Peguero, a manos de un sicario).
“Antes que Miguel Ángel Gullón muchos misioneros estuvieron en El Seibo. Algunos de ellos tuvieron el honor de ser nombrados personas non gratas” Ricardo Olmedo en la presentación del informe de @SelvasDominicos ‘Flores de dignidad en tierra de sangre’. pic.twitter.com/226x7TelUa
— Dominicos (@dominicos_es) November 20, 2019
Que se les devuelva sus tierras
Pero, justo antes de la presentación del informe, también tuvo lugar otro significativo hecho: una concentración frente a la Embajada de República Dominicana, convocada por los Dominicos de la Provincia de Hispania, Selvas Amazónicas, Acción Verapaz y el Observatorio de Derechos Humanos Samba Martine. Allí, con la fuerza del testimonio de un misionero encarnado en el dolor de tantos, Gullón clamó “para que se garantice la seguridad de las familias campesinas de El Seibo y les devuelvan las tierras de las que fueron expulsadas”.
