Transparencia y equilibrio en las cuentas. Esos son los dos grandes objetivos que va a perseguir el nuevo prefecto de la Secretaría para la Economía, el jesuita español Juan Antonio Guerrero, cuando tome posesión en enero. Su nombramiento el 14 de noviembre se produce en medio de un otoño caliente para las cuentas vaticanas, con el estallido de un último escándalo y con incógnitas a despejar en otros dos puestos importantes del engranaje económico.
Solo cuatro días después de que se hiciera pública la designación de Guerrero, la Santa Sede informaba de que René Brülhart cesaba como presidente de la Autoridad de Información Financiera (AIF) al concluir su mandato en este organismo instituido para luchar contra el blanqueo de capitales.
El del presidente de la AIF no es el único cargo a cubrir, pues desde que Libero Milone abandonó en junio de 2017, en medio de la polémica, su puesto como revisor general de la Santa Sede. Explicó que su marcha se debió a las presiones sufridas por la investigación que llevó a cabo sobre el fondo de varios cientos de millones de euros gestionado por la Secretaría de Estado.
Precisamente ese dinero ha estado en el epicentro del último escándalo financiero. Estalló el mes pasado con la publicación de algunos documentos confidenciales sobre la investigación abierta por la Fiscalía vaticana debido a una inversión de la Secretaría de Estado considerada sospechosa: habría gastado unos 180 millones de euros en un edificio situado en un exclusivo barrio londinense.
Esa cantidad habría salido del fondo de 650 millones de euros con que cuenta esta institución de la Curia romana y que, en su mayoría, provienen de las donaciones que los fieles hacen al Papa a través del Óbolo de San Pedro para costear obras de caridad y el mantenimiento de la Iglesia católica. Vida Nueva ya informó el pasado mes de febrero de que, desde 2013, no se informa de cuánto recauda y en qué gasta las limosnas el Óbolo.
La salida de Pell
Guerrero, cuyo cargo tiene una duración inicial de cinco años, se enfrenta a una magna tarea que comienza, además, marcada por la polémica salida de su antecesor, el cardenal australiano George Pell, encarcelado desde febrero en su país tras ser condenado por pederastia.
“El Papa quiere transparencia en las cuentas, que se hagan las cosas bien con el dinero y que se cumplan los protocolos internacionales. Aunque tal vez no lo parezca, llevar bien la cuestión financiera es parte de la evangelización y ayuda a la misión de la Iglesia católica. Basta pensar que en Roma hay unos 16.000 estudiantes en centros eclesiásticos de educación superior y la mayoría de ellos tienen becas. Las instituciones por sí solas no son sostenibles. Hay que gestionar bien el dinero”, cuenta un alto funcionario de la Curia romana.
Tal vez el mayor escollo que le tocará superar al nuevo prefecto es el déficit estructural de las cuentas. El cardenal alemán Reinhard Marx reconoció que existe “un déficit estructural” en las finanzas vaticanas. “No es una situación catastrófica, pero tenemos que ir dando pasos para que la Secretaría de Estado y los dicasterios vayan bajando sus gastos en los próximos años de manera que se reduzca el desajuste”, dijo el purpurado.
Plan de ajuste
Otro alto prelado que ha tratado de aclarar su posición es el arzobispo Nunzio Galantino, presidente de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA), el organismo que gestiona los bienes inmobiliarios de la Santa Sede. Se trata de unas 2.400 viviendas, localizadas en su mayor parte en Roma y en Castel Gandolfo, y de alrededor de 600 bajos comerciales y oficinas.
Galantino negó que haya cuentas secretas en el APSA:. “Es necesario un plan de ajuste para contener los gastos del personal y las compras de materiales. Es algo en lo que estamos trabajando con mucha atención. Así que ningún alarmismo sobre una hipotética bancarrota. Hablemos, en cambio, de una realidad que se da cuenta de que debe contener los gastos”.
