Un año y medio después de la denuncia hecha por un canal de televisión acusando la existencia de un grupo de sacerdotes organizado con fines ilícitos, en Rancagua, la Fiscalía no encuentra pruebas y decide cerrar el proceso.
El fiscal Xavier Armendáriz cerró la investigación respecto a los dos últimos imputados en el caso “La Cofradía” o “La Familia”, como se conoció, y comunicó al Juzgado de Garantía la decisión de no perseverar en la investigación. Con ello, termina el proceso civil en uno de los casos de mayor escándalo, conocido hace un año y medio. El Tribunal fijó la audiencia para el 12 de diciembre próximo.
Cristián Miranda, abogado de la Unidad de Estudios de la Defensoría Regional expresó que “ha existido una larga investigación que en definitiva no arrojó ninguno de los resultados que se esperaban, el cual era establecer que existía una organización criminal de carácter jerarquizada destinada a cometer delitos de connotación sexual”. El defensor agregó que “la hipótesis de la defensa, desde un inicio, fue que no había ninguna víctima ni ningún tipo de delito por parte de las personas involucradas en este supuesto ilícito”. Agrega el abogado que es de “extrema gravedad” esta situación ya que “las personas involucradas en la investigación se vieron severamente afectadas, tanto en su ámbito laboral, social y familiar”.
El Administrador Apostólico de Rancagua, Fernando Ramos, ante esta información declaró que “esto es muy importante, porque una acusación tan genérica y tan grave ha causado un daño enorme a personas, a comunidades y a toda la Diócesis de Rancagua. Se ha denostado lo que es la acción pastoral de muchos sacerdotes, así como también la vida comunitaria de esta diócesis“. Agregó que “con esto se cierra este capítulo tan triste y tan amargo y nos da mucha alegría que la verdad reluzca”, aseguró Ramos.
Esta situación explotó, a mediados de mayo del año pasado, en un momento de máxima tensión en la iglesia chilena ya que todos sus obispos habían sido llamados a la Santa Sede, donde se reunieron 3 días con el Papa Francisco y le dejaron sus renuncias.
En esos días, un reportaje en televisión denunció la existencia de una organización jerarquizada en la diócesis de Rancagua, integrada por sacerdotes y denominada “La Familia”, que la televisión también denominó “La Cofradía”. La denunciante había sido coordinadora de pastoral juvenil en la diócesis, por varios años, y apuntó a 14 sacerdotes con acusaciones diversas: abuso de menores, homosexualidad, uso ilícito de fondos parroquiales y paternidad.
Al regresar a Chile, el entonces obispo diocesano, Alejandro Goic, afirmó no haber considerado esa denuncia suficientemente fundada. Sin embargo, ante el escándalo y las imágenes que mostró la televisión, llevó el caso a los Tribunales, además de abrir los procesos canónicos correspondientes. Al informar esta decisión a la opinión pública también confesó: “Quiero pedir perdón por mi actuar en este caso. Reconozco que le di acogida a esta joven que aparece en el reportaje y que actué eventualmente sin la agilidad adecuada en el proceso indagatorio del sacerdote Luis Rubio y otros presbíteros”, sostuvo Goic.
En la conmoción que provocó esta denuncia, se habló de asociación ilícita, de redes de prostitución infantil e incluso de distribución de pornografía infantil. Se apuntó a los 14 sacerdotes como pedófilos, aunque en la denuncia misma había acusaciones de diverso tipo.
Un mes después, el Papa aceptó la renuncia de Goic, quien ya había cumplido los 75 años, provocando su salida en medio de acusaciones de encubrimiento y de no haber gestionado correctamente las denuncias que recibió, ya que la denunciante afirmó haber acudido en cuatro ocasiones ante el obispo quien no abrió una indagatoria.
En octubre del 2018, el jefe de estudios de la Defensoría Penal Pública de O’Higgins, Víctor Providel, aseguró que “al menos 10 personas sindicadas como víctimas ya han ido a declarar y señalan que nunca han sufrido abusos”, y puso en duda la calidad de la información aportada por la denunciante ya que no entregaba datos certeros para llegar a los eventuales afectados.
Así, la Fiscalía no logró obtener pruebas para acusar a alguno de los sacerdotes indicados como integrantes de “La Familia”. Ahora toma la decisión de no perseverar en la indagación y cerrar el caso, lo que el Tribunal hará el próximo 12 de diciembre.
La Iglesia, por su parte, llevó adelante procesos canónicos con esos mismos 14 sacerdotes. De ellos, 3 dejaron el sacerdocio a comienzos de este año, uno murió y 10 ya están totalmente reincorporados en sus antiguos cargos.
El obispo Fernando Ramos, Administrador Apostólico de Rancagua, entrevistado a fines del año pasado por el diario local expresó que “los casos de abusos han hecho ver una dificultad grande que hemos tenido en la Iglesia. Efectivamente, han ocurrido cosas que no debieran haber pasado jamás; y eso, ante la opinión pública, ante nosotros mismos y ante toda la gente, produce un gran malestar, un desencanto muy grande”.
Ante la pregunta si la iglesia sigue siendo la misma, Ramos dijo que “no es la misma Iglesia de hace un año atrás. Se han cambiado administradores apostólicos, varios obispos, se ha iniciado un proceso de reflexión muy profundo de nuestras comunidades, que apunta a que tengamos en el 2020 una Asamblea Eclesial donde se puedan ir cristalizando una serie de orientaciones pastorales para la vida de la Iglesia. Todo esto revela que los obispos no somos un estamento separado de la vida, sino que estamos insertos en ella y con los distintos estamentos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y laicos”.