Los coletazos de la intervención de la ministra de Educación en funciones, Isabel Celaá, en la inauguración del XV Congreso de Escuelas Católicas siguen en el debate educativo. Los preocupados murmullos entre los docentes presentes parecen fundamentados, pues el PSOE ha rearmado su postura oficial –en plena negociación de un gobierno de coalición con Unidas Podemos– en sintonía con lo que la ministra anunciaba al afirmar que “de ninguna manera se puede decir que el derecho de los padres a elegir centro podría ser parte de la libertad de enseñanza”.
La interpretación jurídica, sobre todo de una sentencia del Tribunal Constitucional de 1981, que hizo Celaá, es la postura oficial que mantiene el PSOE de Pedro Sánchez. Según fuentes del partido, los socialistas interpretan que el derecho a la educación implica la libertad de enseñanza, la participación de la comunidad educativa y la obligación de las autoridades de garantizar este derecho de una determinada manera. En este sentido, su postura sobre la concertada se sostiene en las regulaciones aprobadas por las leyes socialistas y en el rechazo de la legislación educativa generada con los gobiernos del PP.
Los socialistas destacan que no pueden ser considerados adversarios de la concertada al haber sido el Gobierno de Felipe González el que creó los conciertos educativos a través una ley impulsada en 1985, frente a la previa elaborada por la UCD, que acabó recurrida por el PSOE en el Constitucional en 1981.
Libertad de elección matizada
Para ellos, su ley favorecía la libertad de elección por las familias, pero “la matizaban y limitaban en el acceso a los centros sostenidos con fondos públicos en aquellas situaciones de exceso de demanda”, según un documento interno distribuido entre los responsables de educación de las federaciones socialistas al que ha tenido acceso Vida Nueva. Así se justifica la presencia de la concertada solo como subsidiaria de la red pública, aunque defienda el valor “complementario” entre pública y concertada.
Para luchar contra el supuesto elitismo de la concertada, los socialistas defienden que las normas de admisión que el PSOE trasladó de los centros a la Administración “delimitaron la libertad absoluta de elección de centro, basándose en la consideración de que, sin la intervención pública, se producirían situaciones de distribución de alumnos que repercutirían en las oportunidades educativas de los colectivos más desfavorecidos”. Pero este objetivo no se habría cumplido, ya que una crítica recurrente de la izquierda es la desigualdad generada por la concertada, que rechazaría a los migrantes y a los alumnos con necesidades educativas especiales.
En este sentido, el PSOE mira la actuación del PP en materia educativa, fundamentalmente con la LOMCE de 2013. Según los socialistas, esta rompió el equilibrio constitucional al introducir un nuevo criterio: la “demanda social”. La postura del PSOE, en sintonía con la ministra, es que la demanda social es una injerencia “ideológica radical” de los populares con la que están dispuestos a acabar. Objetivo que comparten con Unidas Podemos.
