El Ministro de Salud, recientemente elegido, Ginés González García, publicó -en el Boletín Oficial- la actualización del Protocolo del Aborto no punible.
El Presidente de la Comisión Episcopal para la Salud de la Conferencia Episcopal Argentina, Alberto Bochatey, ante la agencia AICA, expresó que la promulgación de este Protocolo obliga a las provincias a adherirse a él, lo que implica la introducción al aborto libre en la legislación argentina.
Con un documento de 79 páginas, el protocolo señala:
El auxiliar de la arquidiócesis de La Plata, Bochatey, hizo importantes cuestionamientos al protocolo publicado por el Ministerio de Salud, y afirmó: “Se instala el aborto libre en la Argentina”.
Según su opinión, se modifica el paradigma de salud integral, que incluye el aspecto físico, mental y social.
También cuestionó la modificación por la cual, sin el consentimiento de los padres, adolescentes entre 13 y 16 años, pueden realizarse esta interrupción del embarazo.
Comenta que se actualizan medicamentos y una nueva droga, la mifepristona, que no están aprobados por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica. También recordó que “A nivel internacional se utiliza la asociación de esta droga con el misoprostol para aumentar la eficacia del aborto y disminuir los efectos secundarios”
Cuando el protocolo se refiere a la salud de las mujeres, se avalan “muchos factores que no tienen nada que ver con el riesgo de vida o con la violación”, detalla el miembro de la Pontificio Academia de la Vida.
Refiriéndose a dichos del Ministro González García, el obispo aclaró que “La ley está por encima del Protocolo, que es una mera regulación ministerial que ni siquiera requiere la aprobación del Presidente”. Además reprochó que se evite todo tipo de discusión y un debate democrático. “La ciudadanía no está a favor del aborto en la Argentina, como quedó demostrado democráticamente en el Parlamento, en 2018”.
Alberto Bochatey insistió que la problemática del aborto es tema mucho más profundo, “no es simplemente una cuestión de salud pública o de administración de medicamentos”. “Se trata de la vida”.
Frente a esta resolución ministerial, ya se presentó el primer recurso de amparo, en el que se pide se ordene “la inmediata suspensión de la Resolución 1/2019”.
Este amparo fue presentado por las autoridades del Partido Demócrata Cristiano porteño. Solicitaron, también, dejar “sin efecto de inmediato por inconstitucional e ilegal”.