A partir de la llegada de al menos cuatro caravanas de migrantes centroamericanos entre 2018 y 2019, que generaron el tránsito por México de unas 300.000 personas con el objetivo de llegar a Estados Unidos, las pastorales de movilidad humana diocesanas se han visto en la necesidad de encontrar soluciones eficaces a esta crisis que se agrava día a día.
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La medida más importante ha sido la que se dio este agosto, después de que la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) y los directores de albergues, comedores y centros de atención para migrantes acordaran conformar una red de servicio que funcionara a lo largo y ancho del país.
En el sur, el sacerdote César Augusto Cañaveral, encargado del Albergue Belén, de la Diócesis de Tapachula (Chiapas), explica que la frontera sur es un lugar donde no disminuyen los flujos, a pesar de que todo el corredor migratorio se encuentra militarizado: “Ahora hay una migración que yo llamo de goteo, pero es la que más riesgo conlleva, pues no está visibilizada, ya que entran en grupos pequeñísimos de personas, y eso hace que se vuelvan más vulnerables porque tienen que buscar rutas más peligrosas”.
Mejor coordinación desde el sur hasta el norte
La hermana Arlina Barral, religiosa scalabriniana y responsable de la Comisión de Migrantes de la Arquidiócesis de México, precisa que lo que se busca desde el centro del país es promover una mejor coordinación entre los encargados de los centros y casas de migrantes desde la frontera sur hasta la norte; una necesidad que se aceleró con la llegada de las primeras caravanas en 2018.
En el norte del país, el sacerdote Javier Calvillo Salazar, quien dirige la Casa de Migrantes de la Diócesis de Ciudad Juárez, que tiene frontera con Estados Unidos, califica 2018 y 2019 como años muy críticos: “Gente pidiendo asilo político, centroamericanos, haitianos, venezolanos, orientales, europeos, cubanos… Según estadísticas, más de 70.000 personas pidieron asilo en Ciudad Juárez en esos dos años”.