El Papa ha dado vía libre para levantar el secreto pontificio ante “las denuncias, los procesos y las sentencias” concernientes a los delitos de abusos sexuales a menores y adultos vulnerables. Así lo recoge una instrucción sobre la confidencialidad de las causas relacionadas con la pederastia en el seno de la Iglesia que se contemplan en el motu proprio ‘Vos estis lux mundi’, aprobado en mayo. Rubricado por el secretario de Estado, Pietro Parolin, ya está vigente e incluye todos los informes, testimonios e investigaciones realizados por el Vaticano y por las diócesis que tengan como objeto todo hecho relacionado con el encubrimiento, la posesión de pornografía infantil o los casos en sí de abusos de poder y violencia sexual.
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Así, en los procedimientos vinculados a la Santa Sede, la información deberá ser requerida a través de un rogatorio internacional –siguiendo los protocolos habituales en las relaciones entre estados–, mientras que, en los documentos vinculados a curias diocesanas, las autoridades judiciales tendrán que dirigirse directamente al obispo correspondiente. “No puede imponerse ningún vínculo de silencio con respecto a los hechos encausados ni al denunciante ni a la persona que afirma haber sido perjudicada ni a los testigos”, describe el documento vaticano, en aras de la transparencia del proceso y del compromiso de mutua colaboración con la Justicia civil, como enfatizó Francisco en el marco de la cumbre antiabusos celebrada en febrero con los presidentes de todas las conferencias episcopales del planeta.
De hecho, la instrucción recuerda que “el secreto de oficio no obsta para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en cada lugar por la legislación estatal”. En este sentido, el texto subraya que se incluyen “las eventuales obligaciones de denuncia, así como dar curso a las resoluciones ejecutivas de las autoridades judiciales civiles”. De esta manera, se busca borrar toda sombra de duda de que la autoridad eclesiástica pudiera entorpecer una investigación civil ante delitos de gravedad como los relacionados con la pederastia.
Sacramento intocable
Eso sí, bajo ningún concepto se toca el secreto de confesión, tal y como demandan, por ejemplo, los jueces australianos. “La instrucción no colisiona con el deber absoluto de observar el sigilo sacramental, una obligación impuesta al sacerdote en razón del lugar que ocupa en la administración del sacramento de la confesión, y de la cual ni siquiera el penitente mismo podría liberarse”, detalla Juan Ignacio Arrieta, secretario del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos. “Ni siquiera la instrucción toca el deber de estricta reserva adquirido fuera de la confesión, dentro del foro interno llamado ‘extra sacramental’”, apostilla.
El documento, que tendrá vigencia “firme y estable”, cuenta con tan solo cinco puntos breves, en los que se aclara que el manejo de los datos correspondientes a estas cuestiones ha de realizarse “de manera que se garantice su seguridad, integridad y confidencialidad”, de acuerdo con los cánones, de tal manera que se garantice “proteger la buena reputación, la imagen y la privacidad de todas las personas involucradas”.
Petición de las víctimas
De esta manera, se da un paso al frente ante una de las principales demandas, no solo de las víctimas de la pederastia clerical, sino desde diferentes episcopados, por considerar que la documentación bajo llave no hace sino proteger a los agresores. Ya en el encuentro de febrero, el presidente de la Conferencia Episcopal de Alemania, el cardenal Reinhard Marx, comentó que hoy por hoy no encontraba “razones convincentes” para mantener la reserva en estos casos.
Y es que, hasta ahora, el Derecho Canónico imponía la imposibilidad de compartir las denuncias, informes y demás documentación en posesión de la Iglesia con las autoridades judiciales civiles. El arzobispo de Múnich alzó la voz para divulgar los casos examinados en aras de la transparencia: “Si fracasamos, nos expondremos a la sospecha del encubrimiento”, expresó entonces Marx. Una propuesta que también contó con el respaldo público del presidente de la Comisión vaticana de Protección de Menores, el cardenal estadounidense Sean Patrick O’Malley.
