La REPAM sale en defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas de la Amazonía

18/12/2019 | Óscar Elizalde Prada

La red analiza la situación de los pueblos originarios, a la luz del informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos

El organismo eclesial insiste en la necesidad de “respuestas urgentes”, por parte de los Estados

Tras la publicación del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA sobre la ‘Situación de los Derechos Humanos de los pueblos indígenas y tribales de la Amazonía‘, a finales de septiembre de 2019 –prácticamente en la antesala del Sínodo Amazónico–, la Red Eclesial Panamazónica (REPAM) solicitó a Sonia Olea Ferreras –jurista experta en derechos humanos de la Cáritas Española– “un análisis a profundidad” del documento, de modo que constituya “una verdadera herramienta para la defensa de la Panamazonía”.

Regístrate en el boletín gratuito y recibe un avance de los contenidos
PROMOCIÓN: Suscríbete a Vida Nueva hoy

Fruto de este ejercicio, Olea Ferreras, quien también es asesora de la REPAM en el eje de derechos humanos, hace eco a las 208 páginas del informe de la CIDH, destacando su “paralelismo insoslayable” con el Documento final del Sínodo Amazónico.

Preocupante radiografía

Así se percibe en la radiografía que presenta la CIDH, en la que se destaca “el impacto producido por normas, políticas públicas y prácticas dirigidas a la extracción y explotación de recursos naturales, así como del desarrollo de megaproyectos de infraestructura o inversión sin consulta ni consentimiento libre, previo e informado”.

También la REPAM, en su Informe Regional de Vulneración de Derechos Humanos en la Panamazonía, en 2018, había advertido que “son las realidades de proyectos extractivos o de desarrollo en minería, infraestructuras, hidroeléctricas, energías e hidrocarburos los que están siendo un cotidiano obstáculo para el uso tradicional de los territorios, además de provocar la desposesión y la dificultad en el reconocimiento de su propiedad“.

A esta situación se suma “la contaminación de ríos y fuentes de agua [que]provoca una vulneración de la salud (agua y alimentación) e incluso la intoxicación permanente”.

De ahí la insistencia de la REPAM por “una respuesta urgente y necesaria” de cara al informe de la CIDH, que se traduce, propiamente, en atender la conclusiones y a las recomendaciones que presenta a los Estados.

Vulneración de los derechos de los indígenas

Al constatar que los pueblos indígenas históricamente “han sufrido y siguen sufriendo la vulneración de sus Derechos Humanos, sin respeto a su cosmovisión y con la finalidad de extraer sus recursos naturales”, se subraya que los daños causados son “irreversibles al medio ambiente y a las comunidades locales. Todo ello vulnerando el derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado”.

Particularmente, los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario (PIAV) y los pueblos de recién contacto “son los más vulnerables, pues la presión en sus territorios es cada vez mayor y no cuentan con recursos para defenderse”.

Aunque en los últimos años han sido notables los esfuerzos “por dotar de herramientas del derecho estas realidades, así como avances a nivel nacional en algunas legislaciones”, lo cierto es que “la grave situación de los últimos años de alteraciones medioambientales y el cambio climático hace que cada vez las comunidades tengan más dificultades para mantener sus formas de vida e interacción con su entorno tradicional”.

Líneas de trabajo y prioridades

Las 18 recomendaciones a los nueve países panamazónicos que se desprenden del informe, para Olea Ferreras “trazan una línea de trabajo y consiguientes prioridades en la incidencia internacional, regional y nacional para los próximos años a las organizaciones indígenas, y otros espacios y organizaciones de apoyo y colaboración”.

Dichas recomendaciones van desde la toma de “medidas de delimitación y titulación de tierras y territorios ancestrales”, y el diseño e implementación de “un marco normativo integral para la protección de los derechos humanos de estos pueblos”, hasta la elaboración de “políticas públicas de desarrollo con enfoque intercultural, incorporando los planes de desarrollo económico y social adoptados por los pueblos indígenas”.

Asimismo, la adopción de medidas para garantizar la integridad de los defensores de derechos humanos, y sus comunidades, se suma a otros imperativos: garantizar la salud y la educación diferenciada e intercultural; priorizar los conocimientos ancestrales en la defensa del medio ambiente; asegurar la consulta y el consentimiento libre, previo e informado, por parte de las comunidades indígenas, frente a los planes de desarrollo y los proyectos de extracción de recursos naturales.

En lo que respecta a la defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas –incluyendo los PIAV, por supuesto–, 2020 se vislumbra como un año de grandes desafíos para la REPAM y para la Iglesia latinoamericana. La Escuela para la Promoción, Defensa y Exigibilidad de DDHH que se viene desarrollando en los territorios, hace parte de esta apuesta fundamental.