Ante la celebración del Día Internacional del Migrante, hoy, 18 de diciembre, las organizaciones que integran en España la red Migrantes con Derechos –Cáritas, Confer, Justicia y Paz, y la Comisión Episcopal de Migraciones— se han unido para reivindicar, por medio de un comunicado, “la trayectoria de nuestro país como tierra de acogida y su capacidad de respuesta solidaria a las necesidades humanitarias de las personas migrantes”.
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Asimismo, han puesto “el foco informativo” en dos “graves situaciones de vulneración de derechos que nos afectan a todos, como sociedad de acogida y como comunidad cristiana”. En primer lugar, el “colapso que registran los dispositivos de acogida humanitaria para migrantes y solicitantes de asilo y refugio, que está dejando literalmente en la calle y en una situación de grave precariedad a familias enteras, incapaces de ser alojados en los recursos existentes”.
Por otra parte, han subrayado la “desprotección que afecta a los niños, niñas y menores extranjeros, tanto durante su minoría de edad como al alcanzar los 18 años”, algo que “contrasta con el trabajo que nuestro país viene haciendo en las últimas décadas”, en el que se han defendido los derechos de la infancia y de la juventud como “parte esencial de nuestros principios constitucionales”.
Extrema vulnerabilidad
La red ha querido denunciar, además, que la “generosidad con la que tanto asociaciones, movimientos y comunidades como muchos ciudadanos” están llevando a cabo diferentes actos para “acoger a los migrantes en los territorios de frontera”, así como la “valentía con la que abren sus brazos para salvar de una muerte segura a las personas que llegan a nuestra costas”, no está siendo correspondida por parte de la Administración “a la hora de arbitrar recursos suficientes para garantizar una acogida digna a quienes llegan en condiciones de extrema vulnerabilidad”.
Por este motivo, han destacado que establecer “vías legales y seguras debe ser una de las respuestas prioritarias de la agenda política actual, tanto en el ámbito europea como español”, y han recriminado la postura de aquellos que basan “las respuestas a los retos de la inmigración” en cuestiones de seguridad, mientras dejan en segundo plano “los aspectos humanitarios”, ya que esto solo “arroja resultados de dolor y muerte”.
“Olvidar que somos una sociedad de acogida y solidaria, unido a la falta de determinación política para articular otras opciones posibles es el combustible con el que se alimentan corrientes de rechazo social y de discursos xenófobos que ponen en riesgo nuestra convivencia y nuestros consensos esenciales”, han recalcado.
“En la medida en que el Estado apueste por los valores democráticos que están en juego y asuma sus responsabilidades para garantizar que la integración de las personas migrantes en la sociedad de acogida se produzca de forma armónica y en plenitud de derechos”, han añadido, se podrán ir “desactivando por la vía de los hechos esas situaciones de rechazo o de alarma social del que no pocos intentan sacar provecho”.