La Iglesia colombiana ha acogido “con un corazón dispuesto” la Instrucción sobre la abolición del secreto pontificio en casos de abusos sexuales, del papa Francisco, que pone a disposición de la justicia civil todas las denuncias, testimonios, informes y sentencias eclesiales que atañen a estos delitos.
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¡Nunca más!
Así lo ha manifestado Elkin Álvarez Botero, secretario de la conferencia episcopal y obispo auxiliar de Medellín, al comentar que “estas medidas que nos ayudan al tratamiento de estos casos, sintiendo que estos delitos no pueden seguir sucediendo en la Iglesia, ni en ningún ámbito“.
Expresamente, Álvarez Botero ha destacado tres ‘acentos’ fundamentales que se derivan de la Instrucción papal, según lo ha referido la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC) a través de su portal.
Por una parte, queda claro que se considera delito “la adquisición, posesión o divulgación, con un fin libidinoso, de imágenes pornográficas de menores de 18 años”.
El papel de los laicos
En segundo lugar, el secretario de la CEC ha subrayado que “no solo los sacerdotes con título en derecho canónico pueden acompañar los procesos contra sacerdotes que hayan abusado o que sean eventuales abusadores de menores; ahora también lo pueden hacer fieles laicos con título en derecho canónico”.
Finalmente, con relación a la abolición de la obligación del ‘secreto pontificio’ para los procesos canónicos de abuso de menores, por parte de sacerdotes o religiosos, Álvarez Botero afirma que “la Santa Sede ha adoptado esta decisión explicando que permite ampliar la perspectiva de colaboración con las autoridades civiles, entregando copias de la documentación, bajo las determinaciones de los organismos competentes del Estado”.
Con todo, esta documentación no podrá ser absolutamente pública, pues “se debe garantizar la seguridad, integridad y confidencialidad de las personas involucradas en el proceso”, explica el prelado.
Proteger a los menores como prioridad
Por su parte, el episcopado colombiano ha reafirmado la prioridad que representa la protección de los menores de edad ante eventuales casos de delito sexual. En este sentido, el secretario de la CEC detalló que “las jurisdicciones eclesiásticas tienen un mecanismo estable para la recepción de denuncias de abusos de menores”.
También la conferencia episcopal ha venido actualizando sus protocolos y directrices frente a eventuales abusos contra menores por parte de clérigos y religiosos, a la luz de las disposiciones del papa Francisco y en cooperación con la Fiscalía General de la Nación.
