La “supresión del secreto pontificio permitirá a la Congregación (para la Doctrina de la Fe del Vaticano), seguramente, ofrecernos algunos datos”, ha asegurado el secretario de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, en una entrevista a Europa Press tras conocer la medida aprobada por el papa Francisco. El portavoz ha explicado que es el organismo vaticano el que puede tener algunos datos que puedan escaparse al control y a las investigaciones de las diócesis o la propia conferencia de obispos.
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En la dirección adecuada
La reunión de presidentes de conferencias episcopal ha posibilitado esta mediada, además de la actualización de los procedimientos de investigación y atención a las víctimas. La medida propiciará algunos pasos. “Nosotros muchas veces también decimos, a la hora de conocer la verdadera realidad que hay en España de estos asuntos, que la propia Congregación para la Doctrina de la Fe no ha dado cuenta de los casos recibidos, por este motivo”, señaló. Por ello, es “un paso más en la dirección adecuada para abordar las situaciones de abuso en el pasado y tener una capacidad de prevención en el futuro”.
Ante la críticas de opacidad de algunas víctimas, Argüello defiende que había un “deseo” de que se eliminase el secreto pontificio entre los obispos, porque “si los jueces españoles nos piden a los tribunales eclesiásticos correspondientes una información, ahora el secreto pontificio no será una dificultad para ofrecer esa comunicación”.
Subsidirios en las indemnizaciones
Una medida, para el secretaria, destinada a ganar en trasparencia y a mejorar la formación de los seminaristas. “En momentos de carencia vocacional siempre hay un riesgo: que ante la necesidad de que haya candidatos, bajemos el listón de la exigencia. Pero no solo por la cuestión de prevención de abusos sino en estos momentos, por las necesidades que surgen de la evangelización”, aprecia.
Y pensando en la víctimas, ha destacado que “no se excluye la posibilidad de una ayuda económica por quien tenga que hacerlo, puede ser una diócesis, una congregación religiosa o una institución diversa”. Para ello no hay previsto un fondo específico, sino que hay la disposición “para abordar estas situaciones desde el principio de subsidiaridad. La responsabilidad primera es de las personas y de las instituciones a las que pertenecen”, especificó.
