Adiós a 2019, un año en el que la Iglesia en España no ha querido ser noticia salvo por su apuesta y defensa por los que más necesidades sufre aunque no siempre ha conseguido que los titulares fuesen por ahí. En todo caso, un año de relativa tranquilidad y en el que la Conferencia Episcopal ha conseguido mantenerse alejada de los vaivenes políticos, y en el que puede decirse que ha sido de las instituciones que menos ha contribuido a la actual crispación política y social.
Estas son las diez noticias que han marcado estos doce meses en la actualidad eclesial de España.
Cuarenta y cuatro años y once meses después de recibir sepultura en la basílica del Valle de los Caídos, el 24 de octubre, después de más de un año de intentos por del Gobierno, los restos de Franco fueron exhumados en una ceremonia íntima y trasladados al panteón familiar en el cementerio de Mingorrubio, en El Pardo.
Finalizaba así una apuesta personal de Pedro Sánchez nada más llegar a La Moncloa en 2018, pero que fue sufriendo más retrasos de los esperados debido al complicado proceso judicial que se abrió en paralelo por parte de la familia, pero también del prior benedictino de la basílica.
La Iglesia, que desde un primer momento se mostró colaboradora, apelando únicamente al entendimiento entre la familia y el Gobierno, sufrió, sin embargo, daños colaterales que hubieron de solventarse casi hasta última hora en una relación directa entre la vicepresidencia del Gobierno y la Secretaria de Estado vaticana.
A nivel interno, la postura eclesial le pasó factura y los obispos fueron acusados de traidores por no plantar cara a los socialistas, enfrentamiento del que emergió para ese sector del catolicismo la figura del prior Santiago Cantera.
La postura de este colectivo minoritario la reflejó también la homilía que pronunció el sacerdote Ramón Tejero al reinhumar los restos en Mingorrubio, donde calificó a Franco de “soldado de Cristo”. Sobre esta cuestión, en declaraciones a Vida Nueva, el secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, afirmó que “no era necesario transformarla en una hagiografía”.
Nada que ver con aquellas decisiones que hace siglos llevaban a las reinas a tomar los hábitos. En esta ocasión, la reina Letizia aprovechó su estancia en Lerma para inaugurar, en abril, una nueva edición de Las Edades del Hombre en la ciudad ducal, para visitar a las dominicas del monasterio de San Blas.
“Hace una semana nos comunicaron que la reina Letizia vendría a Lerma a inaugurar la exposición de las Edades del Hombre. Invitaron a la priora a asistir al acto, pero, como nosotras somos monjas contemplativas, la priora les contestó con mucho cariño que les acompañábamos con nuestra oración”, señalaron las religiosas.
Pero se les “ocurrió la idea de llamar a la Zarzuela” para invitar a la Reina a su monasterio. Recibieron por respuesta una negativa, pero la sorpresa luego fue mayúscula cuando se les comunicó que Letizia iría al convento “a saludar” tras la inauguración. “Te miraba a los ojos, nos preguntaba cómo estábamos, nos dio las gracias por escribir desde el amor y ayudar a tantas personas… Nos encontramos con una persona con corazón, sencilla y cercana”, contaron las dominicas.
Fue el año de la irrupción política de Vox, algunos de cuyos polémicos postulados fueron enseguida criticados por entidades eclesiales. Sucedió tras las exigencias de la formación de ultraderecha al nuevo presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, que alcanzó el gobierno con los votos de los 12 diputados del partido de Santiago Abascal, que hablaban de deportar a los migrantes.
Las proclamas de este partido llevaron al arzobispo de Granada a advertir sobre “votar a cierta derecha”. No podemos desatender a los rostros y personas concretas que lanzan un grito de necesidad”, señaló en otro momento Luis Argüello, portavoz de los obispos, que, por cierto, también pidieron el cierre de los CIE a través del mensaje de la Comisión episcopal de Migraciones.
Decididos a poner coto a los abusos también en España, la Plenaria encargó la elaboración de un protocolo que envió para su validación a la Santa Sede y con el que podría convertirse en la primera conferencia episcopal del mundo en coordinar a todas las diócesis y congregaciones religiosas la lucha contra esta lacra.
El llamado decreto general está ahora a la espera de que Roma publique su vademécum para que el protocolo español incorpore también sus indicaciones. Pero no solo los obispos han tomado carta en el asunto; de hecho, fueron las congregaciones religiosas las que dieron los primeros pasos contra los abusos y organizaron por primera vez, de la mano de CONFER, una jornada en la que compartieron reflexión sobre este grave asunto también con la CEE y con Escuelas Católicas
Fue mirándolos cara a cara. Ante centenares de representantes de la escuela católica, que inauguraban con la ministra de Educación su congreso anual, Isabel Celaá, soltó la bomba: “Elegir colegio no entra en al libertad de enseñanza”. El murmullo que acompañó esa afirmación se fue convirtiendo en un tsunami de indignación en los representantes de la escuela concertada y obligó a un comunicado del Ministerio.
La propia Celaá intentaría matizar (sin convencer): “No quiere decir que no haya libertad, sino que no está dentro del artículo 27” de la Constitución. “Esperamos que haya sido un lapsus”, le contesto enseguida Luis Argüello. “De no ser así supondría un giro en la política educativa de extraordinaria gravedad”.
El hasta entonces embajador vaticano ante las Naciones Unidas, Bernardito Auza, fue designado nuevo nuncio en España tras el preceptivo visto bueno del Consejo de Ministros, que lo dio el 13 de septiembre, como anunció en exclusiva Vida Nueva.
El arzobispo filipino, que conocía España y la cultura española, sustituye al frente de la legación diplomática vaticana a Renzo Fratini, que renunció el 25 de abril, nueve años y ocho meses después de su llegada.
Su despedida causó más alboroto que en prácticamente toda esa década, en la que pasó bastante desapercibido. Sin embargo, en una entrevista, donde señaló que la exhumación de Franco había servido para “resucitar” la imagen del dictador, motivó una queja formal del Gobierno ante el Vaticano, al acusar de “injerencia” en los asuntos internos de España.
No pudieron acompañarles, pero los obispos de Teruel y de Soria, Antonio Gómez Cantero y Abilio Martínez Varea, alentaron y animaron a las más de 50.000 personas que, con el lema de la ‘la revuelta de la España vaciada’, recorrieron las calles de Madrid el 31 de mayo para reclamar la atención de las administraciones públicas para que sus pueblos no se despueblen.
“Esa España vaciada, donde los últimos que se van, pero no los abandonan, son los párrocos”, decían los pastores, a los que posteriormente se unirían todos los de Aragón para firmar una carta pastoral conjunta para denunciar y buscar soluciones a este grave problema.
“Un sentimiento de satisfacción por el deber cumplido, sobre todo por haber podido defender a los más débiles, a 43 pueblos a los que todavía les tienen retenido su patrimonio”. Así se manifestó, en declaraciones a Vida Nueva, el obispo de Barbastro-Monzón, Ángel Pérez Pueyo, tras hacerse pública el 11 de diciembre la sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Barbastro que ordenaba la “inmediata devolución” de los 111 bienes de la Franja a la Diócesis de Barbastro-Monzón, hasta ahora en poder de la Diócesis de Lérida.
Aunque se puede recurrir, este sentencia pondría fin un conflicto de casi 25 años, sobre el que ya dictaminó la Santa Sede –también a favor de la sede aragonesa– y que ha dejado la imagen inédita de ver en los juzgados a dos obispos enfrentados por un litigió que ha sido utilizado también políticamente.
Momentos difíciles en Montserrat. El abad Josep Maria Soler pidió perdón tras darse a conocer el informe de una comisión interna que certificaba la denuncia contra dos monjes, a los que se consideró culpables de haber abusado de jóvenes durante tres décadas.
Miguel Ángel Hurtado, la víctima que primero denunció esos abusos –en concreto contra el monje Andreu Soler, al que el informe tildaba de “depredador sexual y pederasta”– criticó ese informe interno señalando que “existen serias dudas sobre su validez”.
Desde el monasterio benedictino, sin embargo, se hicieron votos por reforzar los protocolos de actuación y seguir la senda de la tolerancia cero marcada en este asunto pos los papas Benedicto XVI y Francisco.
Virulencia cero contra la Iglesia en las dos campañas electorales de este 2019. Nada de denunciar los Acuerdos. Tras el viaje a la Santa Sede de la vicepresidenta en 2018 y su encuentros con Parolin, y su nuevo viaje para asistir al consistorio donde se crearon a dos cardenales españoles en 2019, las relaciones con la Iglesia, a pesar de la exhumación de Franco, han estado presididas por la colaboración.
No se denunciarán los Acuerdos. Si acaso, como anunció Vida Nueva, se buscará aprobar una nueva ley de libertad de conciencia que recogería buena parte de los derechos que contemplan ahora esos tratados internacionales. Y en Añastro, siguiendo de cerca el proceso, no lo verían mal.
Y es que algunos están deseando que se cambian cuestiones que recogen los Acuerdos, pero para mejorar. El posible gobierno de coalición del PSOE con Unidas Podemos sí que haría insalvable la cuestión de la asignatura de religión en la escuela pública.
El 5 de octubre se celebró el sexto consistorio del papa Francisco, que ha ido a uno por año. Y como en los cinco precedentes, Bergoglio ha apostado también por pastores españoles, en este caso Miguel Ángel Ayuso, presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, y el salesiano y arzobispo de Rabat, Cristóbal López Romero.
Con ellos, la Iglesia española cuenta hoy con un total de 16 cardenales, la mitad de ellos, electores. Muy destacado también fue el nombramiento del jesuita José Antonio Guerrero como nuevo prefecto de la Secretaria para la Economía del Vaticano, en sustitución del cardenal Pell,