Carles Mulet, portavoz de Compromís en el Senado, ha presentado dos preguntas al Gobierno acerca de las medidas que adoptará para derogar el acuerdo sobre asistencia religiosa católica en centros hospitalarios públicos. Y es que, tal como informa Europa Press, la presencia de capellanes en los hospitales públicos se considera contraria a la “aconfesionalidad del Estado”.
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Asimismo, Mulet ha preguntado por el presupuesto destinado desde 1986 por parte de la Administración General del Estado para asistencia religiosa, así como a qué centros y a qué confesión estuvieron destinados.
Contemplar el resto de confesiones
En abril de 1986 se firmó el convenio sobre asistencia religiosa católica en los Centros hospitalarios del Instituto Nacional de Salud, garantizando dicha asistencia para la religión católica “pero no para el resto de confesiones”.
Por todo ello, Mulet ha preguntado al Ejecutivo qué medidas piensa adoptar para “garantizar de facto la aconfesionalidad del Estado”, evitando así las “las interferencias (pagadas con dinero público) religiosas, mitológicas, mágicas, pseudocientífica, etcétera, en los centros hospitalarios públicos, bajo la excusa de asesoramiento ético, moral o religioso”.