Escuelas Católicas pide al Gobierno respaldo a la labor de la escuela católica concertada

Escuelas Católicas solicita “reconocimiento y respaldo público” a la labor de la escuela católica concertada. Así lo reclama hoy a través de un comunicado en el que felicita a Isabel Celaá por su renovación como ministra de Educación y Formación Profesional. Del mismo modo, da la enhorabuena al también reelegido secretario de Estado, Alejandro Tiana.

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“La dilatada trayectoria política de ambos, su experiencia en el ámbito educativo y su disposición al diálogo son elementos imprescindibles para liderar la política educativa de nuestro país en un momento tan delicado”, sostienen.

Escuelas Católicas quiere ver esta nueva legislatura como “una oportunidad para desterrar la política del enfrentamiento y promover el necesario consenso para dotar de estabilidad a nuestro sistema educativo desde los principios reconocidos en el artículo 27 de la Constitución”, apuntan.

Colaboración mutua

Para la institución, es hora de “reconocer el valor de la enseñanza concertada y su aportación a un sistema que se sustenta en la complementariedad de redes, tal y como reconoce la propia Ley Orgánica de Educación (LOE). Sin duda, es el momento de retomar los trabajos de la Comisión de estudio de la cuantía del módulo de conciertos, de manera que se valore de una vez el coste total de impartición de las enseñanzas, se actualice el módulo de conciertos y se garantice de forma efectiva la libertad de enseñanza y la gratuidad en las etapas obligatorias, sin discriminación por razones económicas”.

Según explica la organización, el régimen de conciertos, vigente desde 1985, “ha demostrado a lo largo de todos estos años ser el mejor garante de la libertad de enseñanza, por lo que se considera innecesario y peligroso probar con otros tipos de financiación que tan solo ahondarían las desigualdades sociales”.

Asimismo, Escuelas Católicas vuelve a ofrecer su colaboración al nuevo gabinete ministerial y manifiesta su disposición a participar en todas aquellas iniciativas que, partiendo de la responsabilidad y el consenso, sirvan para garantizar la necesaria estabilidad en nuestro sistema educativo, y para impulsar medidas que refuercen tanto el derecho de todos a una educación de calidad, como la libertad de enseñanza (derecho de creación y elección de centros)”.