La Iglesia colombiana se suma a las muchas voces de indignación por la ola de violencia que ya se ha cobrado la vida de 21 líderes sociales y defensores de derechos humanos ¡en tan solo 16 días!
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Dolor, preocupación y rechazo
“Los obispos sentimos inmenso dolor, preocupación y rechazo al recibir, cada día, en lo recorrido de este 2020 noticias de asesinatos de líderes y de amenazas a las comunidades”, se lee en el comunicado de la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC) firmado por su presidente, Óscar Urbina Ortega, arzobispo de Villavicencio, el vicepresidente, Ricardo Tobón Restrepo, arzobispo de Medellín, y el secretario general, Elkin Álvarez Botero, obispo auxiliar de Medellín.
Al manifestar su solidaridad con los sobrevivientes, los familiares y seres queridos de quienes han perdido la vida “en esta oleada de violencia y muerte sin sentido”, los pastores han asegurado su oración y cercanía “a todas las diócesis y comunidades que han sido gravemente golpeadas por la violencia, especialmente a las de los departamentos del Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Norte de Santander, Nariño y Arauca“, donde los asesinatos y las amenazas a los líderes sociales no han dado tregua.
“Clamamos de nuevo por el respeto a la vida, que es sagrada y que es el valor primario y fundamental de las personas”, continúan los prelados, haciendo un llamado al gobierno y a la sociedad civil para que “hagamos cuanto sea necesario para evitar que sigan ocurriendo asesinatos, atentados y acciones violentas contra nuestros hermanos y hermanas”.
De modo explícito, el pedido de la Iglesia colombiana se dirige a los recién gobernantes municipales y regionales que acaban de iniciar su gestión el pasado 1º de enero, “para que incluyan en sus acciones de gobierno la protección de las comunidades y de sus líderes”.
Crisis fratricida
Los obispos advierten sobre el peligro de que esta situación fratricida “termine por amenazar nuestra democracia y a todas nuestras instituciones”, si no se toman las medidas necesarias para “poner en marcha una política pública nacional” para enfrentar esta situación.
Dicha política deberá incluir “acciones de protección, de respuesta oportuna a las alertas y de presencia eficaz de las instituciones del Estado en las comunidades más vulnerables“, como también lo han exigido recientemente los obispos del Pacífico y del suroccidente colombiano.
Por su parte, la Iglesia asegura que continuará “acompañando, animando y promoviendo a las comunidades, especialmente a las más distantes y a las más desprotegidas”, en este camino de reconciliación.
