Luis Argüello: “Los hijos no somos propiedad de los padres, ¡menos del Estado!”

“Los hijos no somos propiedad de los padres, ¡menos del Estado! Tampoco somos propietarios de nuestro cuerpo. No somos cosas. Ser hijo, supone participar de un vínculo, fruto y origen de otros vínculos que respetados y armonizados, hacen posible el bien común, personal y social”.

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Con este primer tuit, seguido de un hilo en donde se explayaba más, ha terciado este domingo en la polémica a propósito del pin parental reclamado por Vox el secretario general de la Conferencia Episcopal española, Luis Argüello.

Un individuo desvinculado

“Hoy se propone el ideal del individuo desvinculado. Sin vínculos, más autónomo y más libre, para ‘decidir sobre todo’. La desvinculación nos debilita frente al PODER que viene en ayuda de nuestra debilidad para decidir por nosotros.  Eso sí, nos ofrece algunas migajas:”, seguía el hilo del también obispo auxiliar de Valladolid.

Las migajas a las que se refería el obispo son, según su tercer tuit: “Decidir en el supermercado, navegar por la red y, sobre todo, decisiones sentimentales o populistas que generan dependencias y desvinculan. El totalitarismo ha aprendido a elogiar al individuo para someterlo más fácilmente. La familia y ‘la familia de familias’ estorban”.

Veto a talleres sobre diversidad sexual

Aunque en ningún momento cita Argüello el origen de esta reflexión en las redes sociales, el trasfondo es claro: la petición de la formación de Santiago Abascal del llamado pin parental, puesto a disposición de los padres en la web de esta formación para que “autoricen las actividades escolares en las que participarán los hijos”, y que se gestó tras la aprobación en la Comunidad de Madrid de una ley LGTBI, donde se aprueba la existencia de talleres educativos sobre diversidad de género en las aulas.

El auge de Vox en las elecciones autonómicas de 2019, que les ha convertido en la llave de la gobernabilidad en varias autonomías, ha convertido esta petición, aprobada ya en la Región de Murcia, en moneda de cambio, y condiciona también al recientemente estrenado gobierno de coalición de Pedro Sánchez, que ha amenazado con llevar esta cuestión a los tribunales.