Tras su promesa ante el Rey, sin biblia ni crucifijo a la vista, el 13 de enero echó a andar uno de los gobiernos, en principio, más volátiles de la reciente democracia española y el primero que, desde la Segunda República, ofrece una gobierno de coalición socialcomunista, lo que ha levantado muchos recelos.
Tampoco la Iglesia escapa a la preocupación por una situación que le afectará con varios proyectos de ley, entre ellos uno sobre la eutanasia, la reforma de la ley de educación o una nueva ley sobre libertad de conciencia. Frente a esto, ¿qué postura debería adoptar la Conferencia Episcopal en cada punto? ¿Salir a la calle o salir a colaborar? ¿Indignarse o reivindicarse?
“Fijándonos en la Transición y en el papel que jugó el cardenal Tarancón, la Iglesia, en este momento, no tiene que defender privilegios para ella, sino estar al servicio del pueblo. Y ese es un servicio de unidad, porque ya se encargan otros de enfrentar, fragmentar y radicalizar sus posturas con la vuelta de las dos Españas. La mayor equivocación que podría cometer la Iglesia sería ponerse del lado de una de ellas”, señala a Vida Nueva Antonio Ávila, director del Instituto Superior de Pastoral, de la UPSA.
“La Iglesia no tiene nada que temer del nuevo Gobierno. Lo único a lo que debe tener miedo es a la indiferencia, a ser irrelevante”, afirma Juan Carlos González. Para el coordinador federal de Cristianos Socialistas, “en una sociedad muy polarizada como la española, donde existe el riesgo de no ser escuchado si no se grita, la Conferencia Episcopal puede convertirse en un referente para facilitar esa cultura del encuentro que propone el papa Francisco si no se suma al griterío. Incluso podría ser quien propicie y lidere una necesaria bajada de la tensión”.
“El nuevo Gobierno ha planteado un programa que puede perturbar el clima de cooperación que ha presidido toda esta etapa histórica, que ha sido fecunda y muy positiva para la sociedad española. Y es un bien que tenemos que preservar e intentar por todos nuestros medios evitar que se deteriore”, señala Eugenio Nasarre, exdiputado del PP y ex director general de Asuntos Religiosos con la UCD. Por ello, añade, “la Iglesia no debe renunciar a tener una voz en la sociedad española en defensa de los valores y principios irrenunciables que forman parte del bien común, defendiendo las causas justas allí donde se pongan en riesgo”.
“Sería un error que la Iglesia adoptara una posición combativa ante el nuevo Gobierno, pues no debemos olvidar que dicho Gobierno es consecuencia de la confianza que el Congreso de los Diputados –con las reglas que constitucionalmente nos fijamos– le ha otorgado. Respetar las instituciones supone respetar el legítimo Gobierno que ha resultado”, subraya tajantemente Jesús Avezuela, director general de la Fundación Pablo VI.