“La subida del salario mínimo es indudablemente un bien social para el conjunto de la sociedad. Pero hay que tener en cuenta también que esa subida tiene un impacto negativo en los agricultores y pequeños empresarios del campo, muchos de los cuales no saben cómo afrontarán la cosecha del próximo año ni si podrán pagar los salarios de los jornaleros. ¿Cómo se pueden conjugar ambas cosas?”.
Es la reflexión del obispo de Jaén, Amadeo Rodríguez Magro, que, como otras diócesis con población mayoritariamente agraria, vive con preocupación el impacto económico subyacente al incremento a 950 euros del salario mínimo que acaba de aprobar el Gobierno de Pedro Sánchez, y que ha sacado a la calle a miles de agricultores de toda España, que ven cómo este incremento en los costes se une a los bajos precios que reciben por sus productos.
En las periferias rurales
“Las movilizaciones de los agricultores están más que justificadas”, asegura Angelita Carrascosa. Para la presidenta nacional del Movimiento Rural Cristiano de Acción Católica “es bueno hacerse ver, pues la gente no valora el trabajo del agricultor, y si no labramos la tierra, nuestro entorno se desertiza. Los pueblos y sus gentes somos mucho más que un sitio al que ir un fin de semana”.
Como Iglesia comprometida, Carrascosa entiende que “nuestra misión es estar al lado de los que lo están pasando mal, y los agricultores y su problemática son para nosotros esa periferia a la que debemos ir, tal y como nos pide el papa Francisco”, señala.
Involucrados en las protestas
En este sentido, la presidenta asegura que los militantes del Movimiento Rural Cristiano de Acción Católica “están comprometidos en sus respectivas diócesis y en sus pueblos con las reivindicaciones de los agricultores”. De esta manera, apunta que “es nuestro compromiso cristiano el que nos lleva a involucrarnos personalmente en las distintas plataformas de protestas que están detrás de estas manifestaciones”.
