Justo tres años después de que un PSOE en la oposición presentase en el Congreso de los Diputados una propuesta para que el Tribunal de Cuentas elaborase un informe sobre el sistema de asignación tributaria a la Iglesia a través de la casilla del IRPF, ese texto acaba de filtrarse –ya con el PSOE en el Gobierno– y de sus conclusiones se deduce que el Estado “carece de información precisa acerca del destino efectivo de los fondos estatales que se transfieren” (264 millones en 2017).
Pero no solo eso: tal y como debía ‘sospechar’ la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, cuando hace dos semanas señaló en la Ser que esos fondos “son para destinarlos a política social, no a otra cosa”, el informe de este órgano de control, que depende de las Cortes, subraya que, al no disponer de esa información, no se puede “distinguir entre los fondos que tienen como destino actividades no económicas de los que tienen como destino actividades económicas”.
Pautas de obligado cumplimiento
De este informe –que aún ha de ser debatido en un pleno del Tribunal– saldrán recomendaciones de obligado cumplimento que se trasladarán al Gobierno para que las ponga en marcha. Será entonces cuando, desde Moncloa, se pongan en contacto con Añastro para materializar esas reuniones conjuntas que anunció también Calvo y donde se establecerá un nuevo modelo sobre la fiscalización de este asunto, que será trasladado a los obispos para su análisis.
La vicepresidenta primera, Carmen Calvo
En Añastro no se ha recibido este borrador (al menos oficialmente) y, por tanto, nada se opina sobre él. De esta manera, es imposible saber cómo justifican que el Tribunal de Cuentas eche en falta 300.000 euros o a qué se refiere cuando cuestiona que se haya hecho una “aportación de fondos propios a una sociedad mercantil”. La respuesta a esto último, sin embargo, está en la página 18 de la Memoria de Actividades de 2017, donde la CEE desglosa en su liquidación de ese año los 11 millones de euros consignados como “aportación a fondos propios de TRECE TV”.
Desde hace años, ese es el caballo de batalla de partidos como PSOE y Unidas Podemos, que han acusado a la deficitaria televisión de la CEE –en algunos momentos muy crítica desde algunos programas con esas formaciones– de sostenerse con los fondos del IRPF. Y esa fue la razón por la que el PSOE solicitó en 2017 este informe.
Sorpresa
A pesar del silencio eclesial, es palpable la sorpresa por el hecho de que este informe se haya limitado a coger los datos de las memorias presentadas para presentar un análisis crítico sin que el auditado haya podido presentar alegaciones. Hay un sentimiento de que se están conculcando derechos y actuando de una manera incorrecta, y en vísperas de que comience la campaña eclesial a favor de la X de la Iglesia.
La Iglesia estaría dispuesta a afrontar los cambios necesarios en la elaboración de una memoria para la que ahora no existe una normativa, aunque costará mucho más convencerla de que se deje ordenar en qué puede y en qué no puede gastar el dinero que los ciudadanos le asignan libremente a través de la casilla de la X.
