Es la eterna amenaza: la reforma del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para meter en vereda a la Iglesia. Sin embargo, quienes la esgrimen se van a encontrar con una Iglesia que no solo no la teme, sino que entendería que se hiciese una reforma de este sistema recaudatorio en mano de las corporaciones locales. Lo que no entendería y no le parecería, además, “justo”, es que esa reforma afectase solo a la Iglesia católica.
“Un Gobierno tiene derecho a tener su política fiscal”, señaló esta mañana en rueda de prensa Luis Arguello. “Y nosotros afirmamos, además, la obligatoriedad de contribuir por nuestra parte al bien común también en lo que se refiere a los impuestos, pero defendemos la legitimidad de los criterios que se han mantenido para tener algunas exenciones fiscales, las mismas que tienen otras organizadores sociales sin ánimo de lucro”, aseguró el secretario general del Episcopado durante la rueda de prensa en la que se presentaban los datos de la asignación tributaria correspondiente a 2019.
“Lo que nos sorprende –añadió el obispo auxiliar de Valladolid– es que cuando se habla del IBI se hable solo de la Iglesia, cuando las leyes que lo regulan afectan también a otras iglesias y organizaciones no lucrativas”. Por ello, reiteró el pastor, “el Gobierno tiene derecho a plantear al Parlamento las cuestiones de los impuestos, sus fines y recursos, pero si se decide modificar el IBI, no nos parece de recibido que se le aplique solo a la Iglesia católica”.
¿Fiscalizar a la Iglesia?
“Las desgravaciones fiscales son la mejor inversión que puede realizar la administración pública, porque por cada euro que se invierte gracias a ellas, revierte el doble o el triple en la sociedad”, terció por su parte Fernando Giménez Barriocanal.
El vicesecretario para Asuntos Económicos del Episcopado se refirió también, a preguntas de la prensa, al informe preliminar del Tribunal de Cuentas que cuestiona la transparencia con la que la Conferencia Episcopal realiza la memoria económica a la que está obligada en virtud a los Acuerdos Iglesia-Estado y la regulación de las asignación tributaria.
“El intercambio de notas de 2006, cuando se modificó el sistema de asignación, establece la obligación de hacer una memoria, pero no solo económica, sino que pusiera de manifestó la actividad que realiza la Iglesia. Y nosotros hacemos la memoria que se pidió y acordó en aquel intercambio”, aseguró Barriocanal, que recordó que entre las funciones del Tribunal de Cuentas no está “la de fiscalizar a la Iglesia”.
El Tribunal de Cuentas no llama a Añastro
“Nunca hemos recibido ninguna indicación de que beberíamos cambiar el sistema”, añadió, dejando claro que el Tribual de Cuentas “en ningún momento se ha dirigido a nosotros para pedir información” y que el citado informe “es un borrador de información, lo mismo que existen otros borradores que dicen lo contrario de lo que se ha publicado”.
En todo caso, si el Tribunal instase al Gobierno a cambiar el sistema de rendición de cuentas de la Conferencia Episcopal, “eso se añadiría a los diálogos [bilaterales] que mantenemos habitualmente y no tendría por qué producir un cambio del acuerdo” con el Estado.
Argüello aclaró que si lo que se quiere es fiscalizar la asignación tributaria, que supone el 25% de los presupuestos de la Iglesia en España, “sería para nosotros mucho más fácil, porque la memoria que presentamos cada año ofrece datos de todas las actividades de la Iglesia, no solo de lo derivado del la asignación tributaria”. “Pero si el Tribunal de Cuentas pidiera poner el foco en la asignación tributaria, seguro que podríamos hacerlo”, aclaró.
