Trece de los 23 acusados por presuntas contrataciones irregulares a empresas de la trama Gürtel con motivo de la visita de Benedicto XVI a Valencia han confesado. Los acusados por el viaje del papa emérito para el Encuentro Mundial de las Familias en 2006 han reconocido los hechos tras pactar con la Fiscalía Anticorrupción a cambio de una rebaja de sus penas.
La Fiscalía atribuye a los acusados delitos de asociación ilícita, prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude a las administraciones públicas, falsedad documental, falsedad en documento mercantil, cohecho, contra la Hacienda pública y blanqueo de capitales
La Audiencia Nacional ha iniciado esta mañana el juicio de esta pieza de la Gürtel, la trama de corrupción vinculada al PP, en el que se sientan en el banquillo el exvicepresidente del Gobierno valenciano, Juan Cotino, y el ex director general de Radiotelevisión Valenciana, Pedro García Gimeno, como informa EFE.
Igualmente vuelven a comparecer en un nuevo juicio de la Gürtel los integrantes de la cúpula de la trama, su líder, Francisco Correa; su número dos, Pablo Crespo, y el responsable de la red en Valencia, Álvaro Pérez, apodado ‘Bigotes’, los tres ya en prisión al estar cumpliendo condenas por otras piezas del caso.
En el juicio que se prolongará hasta el 4 de junio están citados a declarar como testigos al obispo auxiliar Esteban Escudero, el también auxiliar Vicente Juan Segura; el obispo de Tortosa, Enrique Benavent; el obispo de Lleida, Salvador Giménez, estos dos últimos auxiliares en aquella época. Además, el juez ha llamado también a Manuel Monteiro de Castro, ex nuncio en España.
Las fiscales consideran que utilizando gestiones realizadas por Cotino, los acusados consiguieron que fueran adjudicados al grupo de Correa contratos para la instalación en las calles de Valencia de pantallas y sonido por casi 7,5 millones de euros y que se hiciera cargo del gasto la televisión pública, con unos sobrecostes que les aseguraban repartirse beneficios.
Así, se repartieron supuestamente casi 3,5 millones euros de dinero público entre Gimeno, Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez y el también acusado José Ramón Blanco Balín, que llevaba la contabilidad y la fiscalidad de Orange Market, la empresa de la trama en Valencia.
En su escrito de conclusiones provisionales, la Fiscalía pide para el ex presidente de la televisión pública 40 años de prisión, la mayor pena de entre los 23 acusados.
Entre los que no han llegado a ningún acuerdo con la Fiscalía se encuentran Correa, Crespo y Cotino, para los que el Ministerio Fiscal pide 38, 37 y 11 años de prisión, respectivamente.