El alcalde de Cádiz, José María González –autodenominado ‘Kichi’–, ha decidido hacer política en medio de la emergencia nacional por la pandemia del coronavirus. En su perfil de Facebook ha anunciado que el Ayuntamiento cobrará el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a la Iglesia para que ayude a luchar contra el Covid-19.
Ajeno a la ayuda que está prestando la Iglesia en toda España acondicionando espacios, en muchas ocasiones mano a mano con corporaciones municipales, para atender a personas sin hogar y ser el hospital de campaña que reclama el papa Francisco, ‘Kichi’ ha hecho pública su medida, que, según confirma, no afectará a las propiedades eclesiásticas destinadas al culto o a la enseñanza; es decir, a viviendas, garajes, locales y otros inmuebles que “no tengan relación directa con la práctica religiosa”.
“De una situación como esta solo se sale de manera comunitaria. Llevando a cabo esfuerzos todos y todas. Por eso consideramos desde el Ayuntamiento de Cádiz que cada estamento debe remangarse y hacer cuanto esté en su mano para que avancemos sin que nadie, absolutamente nadie, se queda atrás tras esta crisis”, explica el alcalde, de Adelante Cádiz.
Respaldo de Adelante Andalucía
Para ‘Kichi’, esta medida es “necesaria e imprescindible”, puesto que considera que “toda la sociedad debe remar en la misma dirección y que los esfuerzos, que son muchos, deben darse desde todos los sectores sociales”.
Y concluye el alcalde destacando que “la prioridad en estos momentos es paliar la crisis sanitaria, pero también minimizar las consecuencias económicas presentes y futuras, sobre todo en tantas familias que aún no se han recuperado siquiera de la crisis económica anterior”.
Adelante Andalucía no ha tardado en acoger la medida de ‘Kichi’. La senadora Pilar González ha instado al resto de consistorios andaluces a tomar como ejemplo la “decisión responsable” de Cádiz, que “se sitúa a la vanguardia”. “Si estamos pidiendo esfuerzos a la ciudadanía, la Iglesia también tiene que poner de su parte”, explica, a la vez que remarca que se trata de generar una “mejor financiación” y “mayor capacidad de ingresos para garantizar los derechos de todos”, como recoge Europa Press.
