La violencia no para en Colombia, pese a la medida de aislamiento obligatorio decretada por el gobierno en todo el país para frenar la propagación del covid 19. Uno de los territorios más afectados en este mes de la cuarentena es el Chocó. Los obispos de la diócesis de Istmina – Tadó, Quibdó y Apartadó, junto a organizaciones sociales, han levantado su voz para denunciar “la preexistente crisis humanitaria y a la precaria situación sanitaria y económica de los habitantes del departamento”. En especial la que se viene presentando en el municipio del Alto Baudó.
“Durante el mes de marzo del presente año, se han agudizado estas situaciones por hechos tales como: asesinatos selectivos realizados con sevicia y generando terror en la población; una masacre en la que fueron asesinadas siete personas, entre las cuales se cuenta una mujer embarazada”, han denunciado.
A todo estos males se le suma “el desplazamiento forzado y confinamiento; bloqueo económico; muertos y mutilados por las minas antipersonales; reclutamiento sistemático de menores; violencia sexual contra mujeres; amenazas a líderes y comunidades y el intento de los grupos al margen de la ley de suplantar las autoridades étnicas”.
Atender al llamado
El meollo de esta situación es “la disputa territorial de los grupos armados por el dominio de la producción y comercialización de los cultivos ilícitos”, incluso “preocupan particularmente los vínculos existentes entre algunas autoridades de gobierno y algunos miembros de la Fuerza Pública con actores ilegales”, han aseverado.
Por esta razón han pedido al presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, “atender inmediatamente los llamados que reiterativamente se han hecho desde el territorio chocoano para salvaguardar la vida y los derechos étnicos de sus habitantes, respondiendo a la situación del departamento y en particular a la crisis del Alto Baudó”.
Entre las peticiones
En cuanto a las autoridades departamentales: gobernador y alcaldes, han solicitado “consolidar una estrategia que permita atender colectivamente la situación de la subregión”, que permita visibilizar “los hechos victimizantes e incluyendo en sus planes de desarrollo acciones concretas para el restablecimiento de derechos” además de “obrar con transparencia y permanencia en sus municipios”.
Asimismo han pedido a las organizaciones de derechos humanos –tanto nacionales como internacionales– “continuar visibilizando la constante y sistemática situación de violencia y garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales de estas comunidades”.
En el territorio del Alto Baudó, en las últimas tres décadas, se ha creado un caldo de cultivo para la violencia por el abandono estatal y la presencia de diversos grupos armados, por ello a estos grupos al margen de la ley exigen “respetar la autonomía de los territorios étnicos y no utilizarlos como escenario de guerra y para sus fines de siembra y comercialización de cultivos ilícitos”.
Foto: El Tiempo
