El Consejo Escolar del Estado (CEE) ha aprobado un informe de recomendaciones para el Ministerio de Educación ante la crisis del Covid-19. Escuelas Católicas, como parte de este organismo, se ha mostrado “satisfecha” porque se hayan adoptado gran parte de sus propuestas, en especial su petición de “una mayor dotación de medios personales y materiales para los alumnos con necesidades educativas especiales”.
Al mismo tiempo, Escuelas Católicas se ha sumado a la oposición ante un hipotético “aprobado general”, ya que considera que “infravaloraría todo el esfuerzo” llevado a cabo durante estas semanas por “centros y profesorado para adecuar las programaciones y los criterios de evaluación a la nueva realidad de educación a distancia”, así como el que “los alumnos están llevando a cabo desde sus casas”.
Asimismo, la organización considera que “es importante que se mantenga la evaluación del tercer trimestre”, pero “con las adaptaciones necesarias”. Por eso, aboga por el “avance de contenidos y materias hasta el mes de mayo, y que dichos contenidos sean objeto de evaluación siempre que la teledocencia lo permita”.
Acabar el curso en junio y mantener la EBAU
Además, Escuelas Católicas ha exigido que las “evaluaciones sean objetivas y las repeticiones se consideren medidas minoritarias y solo para aquellos supuestos en los que resulte ineludible”. La decisión de qué alumnos deben repetir, en último término, “deberá ser del equipo docente, sin que la Administración pueda asumir dichas atribuciones, en aras al respeto de la autonomía pedagógica de los centros”.
El informe presentado por el CEE apuesta también por finalizar el curso el 30 de junio, “sin extenderse a julio y trasladar las pruebas extraordinarias de junio a septiembre”. Esta es, además, otra de las propuestas de Escuelas Católicas que permitirá “aprovechar plenamente el mes de junio y posibilitar la recuperación de las materias suspensas en septiembre, con mayor tiempo para la preparación y el refuerzo”.
En cuanto a la EBAU, las organizaciones del CEE consideran que debe mantenerse, determinando “urgentemente las fechas de realización en todas las CC.AA., así como criterios homogéneos de diseño y evaluación para evitar desigualdades entre territorios”.
