El desalojo policial de la catedral de Granada el pasado Viernes Santo por la decisión del arzobispo, Javier Martínez, de celebrar los oficios con una veintena de fieles no se ha quedado ahí y se ha convertido en otro choque político más sobre la gestión de la pandemia del coronavirus en España.
Mientras, la subdirectora de Recursos Humanos y Formación de la Policía Nacional, Pilar Allúe, defiende que “no fue la Policía la que desalojó”, sino que “se solicitó a los oficiantes que pidieran a los fieles que abandonaran el lugar”. La subdelegada del Gobierno, Inmaculada López Calahorro, guarda silencio.
Restar ante la crisis
El alcalde popular de Granada, Luis Salvador, ha acusado a la Subdelegación del Gobierno de planear unos hechos que considera “indecentes”. Es más, ha llegado a decir que “cuando todo el país está en una crisis importantísima, que la Subdelegación se preocupe de mandar a la Policía Nacional para desalojar la homilía del obispo resta y no suma, solo pretende despistar la atención”.
Por su parte, los diputados nacionales del PP por Granada, Carlos Rojas y Pablo Hispán, han lamentado que “la mala gestión del Gobierno de Pedro Sánchez” haya dado lugar a “situaciones indeseadas” e “incidentes tan desafortunados”.
Limitar derechos
Lo expresan en un comunicado en que el subrayan que pedirán explicaciones a Moncloa, aferrándose al Real Decreto del Estado de alarma en el que se permiten celebraciones religiosas siempre y cuando se respeten las directrices sanitarias. Rojas e Hispán defienden que la normativa “no tiene capacidad para limitar derechos fundamentales como el de la libertad religiosa”.
“El gobierno está constantemente utilizando preceptos que están rayando en los derechos fundamentales, regulando medidas discutibles, sin ningún tipo de previsión y mucho menos acierto”, aprecian los diputados que exigirán conocer las directrices concretas que dio la Subdelegación del Gobierno en Granada a la Policía para adentrarse en la catedral.
El presidente de VOX, Santiago Abascal, se ha sumado a la polémica a través de un tuit. En su mensaje en redes sociales mantiene que “hay más gente en un plató de televisión, que es bastante más pequeño que una catedral”.
Una carta urgente
El portavoz de la formación de ultraderecha en el Ayuntamiento de Granada, Onofre Miralles, ya tiene lista “una carta urgente” para la subdelegada del Gobierno para exigir explicaciones del desalojo. “Los lugares de culto son inviolables”, defiende Miralles, que nunca duda en afirmar que “se estarían cometiendo presuntas tipologías delictivas”.
Junto a él, la portavoz adjunta y secretaria general de VOX en el Congreso, Macarena Olona, ha denunciado que “las ceremonias religiosas están permitidas” y ha apuntado que “para suspenderlas tiene que declararse el estado de excepción”.
