Las patronales del Tercer Sector de Acción Social (TSAS) alzan la voz por los más vulnerables en esta pandemia del coronavirus. Escuelas Católicas se suma a este llamamiento a las autoridades en favor las necesidades de más de 30.000 entidades que atienden y protegen a los últimos, más de 7 millones de personas al año. En nombre todos ellos, un mes después de la declaración del estado de alarma, piden una reunión al presidente del Gobierno, al vicepresidente 2º, a los presidentes de las comunidades autónomas y a los grupos políticos con representación parlamentaria en todos los parlamentos.
“Nuestra prioridad son las personas, especialmente las más vulnerables, pero para garantizar la contención de la crisis sanitaria y romper la cadena de contagio, coherentemente con nuestra consideración como servicios esenciales, necesitamos ayuda a corto plazo”, explican en un comunicado, en el que lanzan una batería de 5 peticiones urgentes:
- “Equipos de Protección Individual y la realización de pruebas de contagio para poder contener con mayor garantía la extensión del Covid-19, garantizar la salud de las personas que atendemos y de todas las personas y profesionales que desarrollan dicha atención. Esta necesidad es especialmente urgente allí donde hay personas directamente expuestas a los efectos del coronavirus.
- Garantizar la sostenibilidad económica de nuestra actuación, presente y futura, requiere una dotación económica adicional para hacer frente a refuerzos de personal, limpieza, provisiones, menores ingresos y el superior gasto producido por el alto número de bajas laborales.
- Especialmente en los centros residenciales donde contamos con población de mayor riesgo, como son las residencias de personas mayores y otros centros residenciales, requerimos un mayor y más decidido apoyo del sistema sanitario para evitar la extensión de las dramáticas situaciones que venimos sufriendo.
- Una especial atención, dentro de las medidas adoptadas dirigidas a las empresas, a la situación de centros especiales de empleo y empresas de inserción, ya que las dificultades de viabilidad económica de estas entrañan el riesgo de que miles de personas de colectivos especialmente vulnerables pierdan sus opciones de inserción laboral.
- Un mayor compromiso público para suplir las numerosas bajas que se están dando en centros residenciales y de atención domiciliaria, y así poder garantizar el mantenimiento de una atención digna en estos difíciles momentos”.
El TSAS, que emplea a 645.000 profesionales, que representan casi el 5% del empleo de España, y con las que colaboran más de 1,3 millones de voluntarias, considera necesario que las actuaciones desarrolladas por los proveedores de servicios sociales del Tercer Sector de Acción Social se mantengan, tanto en los servicios esenciales como en el resto. “De otra forma se producirá un retroceso inaceptable en la atención a las personas más vulnerables de nuestra sociedad (muchas de las cuales además reciben servicios sociales no garantizados como derechos subjetivos) al poner en cuestión la viabilidad de miles de empleos y de las entidades que las están desarrollando”, remarcan.
¿Y el futuro?
Asimismo, reconocen que su mirada no se circunscribe al presente: “Somos conscientes de que cuando pase la situación generada por la pandemia, la sociedad en su conjunto se va a ver afectada, y con más profundidad las personas más vulnerables y desprotegidas, que van a necesitarnos más que nunca. Fueron quienes más sufrieron tras las crisis económica de 2008, y cuando todavía no había llegado la recuperación económica a todas ellas, vuelven a estar en una situación de gran fragilidad”.
Por ello, “queremos reafirmar el compromiso de los proveedores de servicios sociales sin ánimo de lucro con las personas más frágiles y vulnerables de nuestra sociedad, en coordinación con los esfuerzos de las administraciones”, para lo que proponen dos medidas:
- “Reforzar cualesquiera mecanismos que afiancen la función social que desempeñan las organizaciones mencionadas y que permita la sostenibilidad de las mismas proponiéndose a tal fin la generación de un Fondo de Contingencia, coparticipado por Estado y comunidades autónomas a través del cual se apoye económicamente a todos los centros y servicios sociales que garantice la continuidad de las personas y profesionales vinculados a ellos. Especial referencia deberá hacerse a quienes están en la primera línea de esta crisis sanitaria o han sufrido más directamente la suspensión de sus actividades.
- Crear un mecanismo de interlocución permanente con los proveedores de servicios del Tercer Sector de Acción Social, organizados a través de las entidades patronales del Tercer Sector que suscribimos este escrito, en tanto que somos asociaciones empresariales que contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios (artículo 7º de la Constitución Española), que permita el diálogo sobre aspectos que son exclusivos de nuestros sectores de actividad”.
