El Proyecto Esperanza, de la congregación de las adoratrices, ha revelado en su memoria anual que, en 2019, atendió a 209 víctimas de trata, de las cuales 204 eran mujeres y 5 eran menores a cargo de las mismas. De ellas, el 60% tenían entre 18 y 30 años. En total, el pasado año se detectaron 139 nuevos casos, mientras que el resto corresponden al seguimiento de casos de años anteriores.
Con ellas, Proyecto Esperanza ha atendido de forma integral, entre 1999 y 2019, a un total de 1120 víctimas de Trata, de 70 nacionalidades diferentes. Adoptando siempre, tal como subraya la organización, una perspectiva de derechos humanos, intercultural y de género.
La mayor parte de las mujeres provienen de Nigeria, Colombia, Venezuela y Costa de Marfil, si bien también se han atendido a personas de un total de 23 países diferentes, que llegan a España, mayoritariamente, en redes de trata para la explotación sexual.
Red interdisciplinar
El Servicio Jurídico ha atendido a 120 mujeres víctimas de la trata para facilitarles el ejercicio efectivo de sus derechos, el acceso a la justicia y a una situación administrativa regular. El 31% de ellas adquirió estatus legal y 9 lograron acreditar su identidad.
“Somos un equipo formado por 23 profesionales contratados y más de 25 personas voluntarias”, explica Ana Almarza, directora del proyecto. “Intervenimos coordinándonos desde un enfoque interdisciplinar y desarrollamos nuestro trabajo a través de una Red de Recursos Residenciales -casa de emergencia y primera acogida, casa de consolidación, dos pisos de autonomía- y un Centro Día, ubicados en la Comunidad de Madrid”.
Aumento de las víctimas de América Latina
Por su parte, Iris Rodríguez, coordinadora del Área de Intervención Directa, ha subrayado el incremento de víctimas provenientes de América Latina. Con ello, dice, “se observa, en algunos casos, una nueva forma de operar de estas redes con respecto a años anteriores”.
Así, frente a otros “medios comisivos que implican violencia, coacciones o privación de libertad, detectamos que estas redes están principalmente utilizando el abuso de la situación de vulnerabilidad de la víctima como medio de sometimiento, lo cual implica una mayor dificultad a la hora de identificar los indicios y, por tanto, de perseguir el delito penalmente”.
“La falta de actuaciones comunes y homogéneas entre los distintos territorios dificulta y genera incertidumbre para garantizar los derechos de las mujeres víctimas de trata, requiriendo una continua sensibilización y formación de los distintos agentes“, asevera.
