Desde la declaración del estado de alarma ante la emergencia socio-sanitaria causada por el coronavirus, Cáritas ha alertando, en distintas ocasiones, de los peligros que esta crisis supone para la situación de las personas más vulnerables a las que está acompañando y de los riesgos que se ciernen en su futuro más inmediato, como es el caso de las personas migrantes y refugiadas.
La preocupación de la organización por los derechos de estas personas cuando empiece a remitir el impacto del coronavirus se concreta, en primer lugar, en el incremento de los casos de irregularidad sobrevenida como consecuencia de la imposibilidad de renovar autorizaciones de residencia o trabajo; pero también en el aumento del número de personas en situación irregular que no han tenido acceso a una primera autorización.
Por todo ello, en un documento que Cáritas ha remitido al Gobierno, propone la puesta en marcha de un “plan de choque” que resuelva en lo posible las consecuencias de esta crisis en las personas refugiadas y migrantes. De hecho, el documento señala que la realidad posterior al Covid-19 en el ámbito de la extranjería puede situar al país en un escenario de colapso administrativo, muy parecido al que se está fraguando ya en el ámbito judicial.
Las 6 medidas de Cáritas
El documento presentado por Cáritas contiene estas 6 medidas concretas:
1. Permitir el empadronamiento de personas extranjeras con documento de identidad de país de origen y/o pasaporte vencido, así como la renovación bianual de quienes les venza en los próximos seis meses.
2. Prórroga por un año de las autorizaciones de residencia temporal por circunstancias excepcionales recogidas en el título 5º del Reglamento de extranjería. Como explica la organización, con esta media se aligeraría de manera sencilla y operativa un número importante de expedientes hasta que la Administración pueda reorganizarse.
3. Renovación de autorizaciones de residencia o de residencia y trabajo a menores tutelados, ya que, como considera la ONG, promover la renovación de autorizaciones, junto a la posibilidad de que puedan obtener un empleo entre 16 y 18 años permitirá, apoyar sus procesos de integración.
4. Facilitar la renovación de autorizaciones de residencia y trabajo para evitar la masiva irregularidad sobrevenida por pérdida de empleo o cotización insuficiente.
5. Suspender la gestión colectiva de contratación al exterior en el caso de los temporeros agrícolas y que se promueva la contratación interior.
6. Concesión de residencia temporal por circunstancias excepcionales para el sector de los cuidados y la dependencia, ya que muchos migrantes están cubriendo de manera profesional estas necesidades, pero dentro de un mercado informal.
