El pasado 7 de abril tenía lugar un deslizamiento de tierra en la provincia ecuatoriana de Orellana que provocó la rotura de las tuberías del Sistema de Oleoductos Transecuatoriano (SOTE) y del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP). Esto produjo un derrame de petróleo en el río Coca que, posteriormente, alcanzó el río Napo y atravesó la frontera con Perú, afectando también a comunidades indígenas peruanas.
Manos Unidas, que trabaja en la zona junto al Frente de Defensa de la Amazonía (FDA), se ha unido a la preocupación expresada por la Red Eclesial Panamazónica (REPAM) en un comunicado en el que ha denunciado el impacto socioambiental que supone este desastre para las “aproximadamente 97.000 personas afectadas en las riberas del Coca y el Napo”.
De esta manera, Manos Unidas se suma a la denuncia de la REPAM contra la “irresponsabilidad de las empresas OCP Ecuador S.A., E.P. Petroecuador y CELEC EP ante la falta de precaución, prevención, información clara y oportuna sobre el rompimiento de los dos oleoductos”. Del mismo modo, han criticado que las compañías han hecho “caso omiso a las advertencias derivadas de la desaparición de la cascada San Rafael el pasado febrero”, así como a “los impactos ambientales del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair en el cauce del río Coca y los reiterados derrames de petróleo en la zona”.
Una situación que empeora la pandemia
Tal como explica Manos Unidas, el desastre se produjo en el sector de la cascada de San Rafael y !se conoció a partir de vídeos publicados en redes sociales por las comunidades ribereñas, alarmadas ante las manchas de crudo que avanzaban por las aguas que bañan sus poblaciones”.
“Estas comunidades se encuentran en una situación de doble vulnerabilidad a causa del derrame y de la pandemia actual”, apunta Digna Erazo, coordinadora de REPAM Ecuador. “Además de no poder acceder a agua segura para beber, cocinar, pescar y asearse –en un momento en el que el lavado de manos es la primera barrera de protección–, los pobladores se ven obligados a salir en busca de agua y alimentos a otras poblaciones, lo que les expone a una mayor probabilidad de contagio en una región donde ya hay casos de coronavirus y donde hay escasos centros de salud y muy distantes”.
Por su parte, Luis Yanza, fundador del FDA –organización con la que Manos Unidas trabaja para garantizar el acceso al agua potable en zonas de contaminación– ha subrayado que las comunidades “afrontan un serio problema de abastecimiento de agua y alimentación, ya que la pesca se ha suspendido y los cultivos cercanos a las riberas también están contaminados, pero no se conoce cómo están afrontando la situación, toda vez que la pandemia y las consecuentes restricciones de movilidad no han permitido visitar las comunidades para determinar su estado actual”.
