Con una comparecencia del presidente del gobierno, Giuseppe Conte, Italia ha conocido los detalles de la “Fase 2” del desconfinamiento tras la emergencia por el coronavirus. Las medidas, que comenzarán en 4 de mayo, insisten en la distancia social –aunque prevén que bares y peluquerías abran el 1 de junio–. La polémica ha saltado en lo que a las celebraciones religiosas se refieren. El presidente del Consejo de Ministros ha confirmado que las misas continuarán como hasta ahora y se permitirá la presencia de 15 personas, como máximo, en los funerales.
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Ante este anuncio, este domingo por la noche, la Conferencia Episcopal Italiana (CEI) ha respondido con un comunicado en el que manifiesta su perplejidad por el hecho de que no haya cambios en lo que a la vivencia pública de la fe se refiere. Los prelados citan las palabras de la ministra del Interior, Luciana Lamorgese, que en una entrevista del 23 abril de abril apuntaba que “el gobierno está considerando nuevas medidas para permitir el más amplio ejercicio de la libertad religiosa”.
Declaraciones estas, confirma la CEI, que se produjeron “después de un continuo y disponible debate entre la Secretaría General de la CEI, el Ministerio y la propia Presidencia del Consejo”. Unas negociaciones en las que la Iglesia, recuerdan, siempre “aceptó, con sufrimiento y sentido de la responsabilidad, las limitaciones gubernamentales asumidas para hacer frente a la emergencia sanitaria” y durante las que “la Iglesia ha subrayado repetidamente y de forma explícita que –en un momento en el que se están reduciendo las limitaciones asumidas para hacer frente a la pandemia–exige poder reanudar su acción pastoral”.
Libertad y autonomía
Para ello, la CEI presentó “directrices y protocolos con los que abordar una fase de transición en pleno cumplimiento de todas las normativas sanitarias” pero que caen en saco roto tras la aprobación del decreto que “excluye arbitrariamente la posibilidad de celebrar la misa con el pueblo”, denuncian. Por ello, reivindican que los políticos deben “distinguir entre su responsabilidad –dar indicaciones precisas de carácter sanitario– y la de la Iglesia, llamada a organizar la vida de la comunidad cristiana, respetando las medidas previstas, pero en la plenitud de su autonomía”.
Algo que no se queda reducido a lo litúrgico, ya que los obispos adviertes que ellos “no pueden aceptar ver comprometido el ejercicio de la libertad de culto” ya que “el compromiso de servicio a los pobres, tan significativo en esta emergencia, proviene de una fe que debe ser capaz de alimentarse en su fuente, especialmente la vida sacramental”.
Reacción desde la Presidencia
Por su parte, la Presidencia del Consejo de Ministros ha respondido a la CEI y ha asegurado que “en los próximos días estudiaremos un protocolo que permita la participación de los fieles en las celebraciones litúrgicas en condiciones de máxima seguridad lo antes posible”. La rectificación desde el Gobierno ha llegado poco antes de las once de la noche.
