Cada día hay cinco conflictos en el campo brasileño, hasta el punto de que, en 2019, se produjeron 1.833. Es la cifra más alta en el último quinquenio y un 23% por encima del año anterior. El 68% de los casos (1.254) corresponden a conflictos por tierras y, de estos, casi todos (1.206) implican situaciones violentas. Asimismo, unas 70.000 familias se han visto afectadas por una escalada de conflictos relacionados con el agua: 489 en 2019 –77% más que en 2018– provocados por la minería (189), los empresarios de distintos sectores (177), las hidroeléctricas (54) y las entidades gubernamentales (33).
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Estos y otros datos ciertamente dramáticos corresponden al informe ‘Conflictos en el Campo Brasil 2019’, publicado días atrás por la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) –órgano vinculado a la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB)–, en el que se detallan los ‘rostros’ de esta tragedia, como las 272 víctimas mortales del desastre socio-ambiental en Brumadinho (enero de 2019), las 32 personas asesinadas en el campo, las 201 amenazadas de muerte y las 30 que sufrieron atentados en el mismo año.
Lo peor, la Amazonía
La situación en la Amazonía brasileña, donde la pandemia del COVID-19 se ha cobrado ya la vida de al menos 600 habitantes, es una de las más dolorosas. “Mientras que todos intentan resguardarse por la cuarentena, lo madereros hacen fiesta”, lamentó una campesina que integra el programa de protección de defensores de los derechos humanos en el estado de Pará.
A la devastación de la Amazonía por los incendios que arrasaron miles de hectáreas el año pasado, se suman las irregularidades por la presencia de invasores, la ausencia de fiscalización por parte del Estado y el peligro de que aumente la deforestación y la violencia que ya ha golpeado duramente a la región el año pasado: el 84% de los asesinatos, el 60% de los conflictos por la tierra y el 84% de las familias que sufrieron invasiones.
Josep Iborra Plans, del equipo de articulación de la CPT de la Amazonía, explica a Vida Nueva que los detonantes de la violencia son directamente proporcionales a los niveles de injusticia: “Los acaparadores de tierra normalmente utilizan diversos tipos de fraude para apoderarse de tierras públicas o de pequeños agricultores que no tienen un título legal”.
Por su parte, Rubén Siqueira, miembro de la coordinación nacional de la CPT, en declaraciones a esta revista, ha señalado que “el recurso incesante de la violencia, en sus diversas modalidades, es la cara más trágica e incivilizada de nuestra ‘irresoluble’ cuestión agraria”. Este especialista señala que una reforma agraria, “aunque parezca una medida pasada, no solo es urgente, sino que va más allá de los aspectos socio-económicos, pues debe incorporar las diversidades ecológicas y socioculturales”, incluyendo asuntos cruciales como la seguridad alimentaria y el desempleo rural. (…)
