51 reclusos fallecidos y 75 heridos es el saldo que dejó un motín en el centro penitenciario de los llanos occidentales en Guanare, estado de Portuguesa, en Venezuela, el pasado 1° de mayo. Las autoridades siguen investigando las principales causas. La Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) ha expresado su consternación y rechazo ante estos hechos que a su juicio son producto de “las condiciones en que se encuentran las personas privadas de libertad”.
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“La masacre de Guanare es una nueva muestra del irrespeto a la vida humana. Nos solidarizamos con los familiares y oramos por su eterno descanso. Pero elevamos nuestra voz para que los derechos humanos se respeten y cuiden”, han señalado en un comunicado, suscrito por Roberto Lückert, presidente de la comisión y arzobispo emérito de Coro.
De vieja data
“Los privados de libertad son uno de los grupos más vulnerables del país, sin acceso a una atención sanitaria adecuada, hacinados, sujetos a retrasos procesales por falta de transporte para llevarlos a los tribunales o sin garantía de poder alimentarse, padecen hambre, enfermedad y son víctimas de la perpetuación de las cadenas de la pobreza y la miseria”, han denunciado.
La comisión episcopal ha dicho que estas irregularidades son de vieja data, incluso han recordado que “los distintos órganos internacionales de protección de los derechos humanos, tanto de Naciones Unidas como de la Organización de Estados Americanos, han emitido informes y recomendaciones relacionadas con las condiciones de detención en las cárceles venezolanas”.
De haberse tomado las medidas en su momento –lamentan– “no estaríamos lamentando esta tragedia ni se habría sometido a tanto dolor a los familiares de las víctimas”.
Silenciados por el olvido
En nombre de los obispos de Venezuela han pedido “a las autoridades hacerse responsables por la solución de las causas que originan estos abominables hechos, que se repiten dolorosamente conmoviendo la opinión pública pero luego son silenciados por el olvido”.
“Los familiares que también son víctimas” necesitan saber la verdad, por ello han solicitado “al Ministerio Público penitenciario a realizar una investigación de manera independiente, imparcial y oportuna”, porque “el no hacerlo constituye una violación a los derechos humanos”.
En cuanto a los ciudadanos han exhortado “a no ser indiferentes al dolor de sus hermanos privados de libertad”, especialmente piden a los católicos venezolanos “elevar una oración por los fallecidos, heridos y por los familiares”.
Foto: La Verdad
