La pandemia del coronavirus lo ha trastocado todo. También a nivel migratorio, donde se está dando una situación de excepcionalidad y sin precedentes en nuestro país: desde el 6 de mayo, todos los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) permanecen vacíos, primando la salud de los internos a cualquier otro interés.
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De ahí que el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), que está promoviendo una campaña de firmas en el portal Visibles para recabar el apoyo de la ciudadanía, lo tenga claro en su petición al Gobierno y al Poder Judicial: “No retomar el internamiento en los CIE cuando acabe la pandemia”.
Momento incierto
“La coyuntura actual –advierte la entidad jesuita– sobre la vuelta a la actividad en los CIE en el escenario de desescalada es incierta y poco esclarecedora, generando inquietud por la política de internamiento que se llevaría a cabo. Interior ha declarado que los ingresos dependerán de la reapertura de fronteras internacionales y de la posibilidad efectiva de ejecutar órdenes de expulsión”.
En cualquier caso –considera el SJM–, el internamiento debería ser el último recurso en todo procedimiento de expulsión, al ser una medida cautelar con unos estrechísimos márgenes de constitucionalidad porque el ordenamiento jurídico prevé medidas alternativas”.
Medida injusta
Si bien, “en los procesos de devolución, la ley exigiría el internamiento si no se puede ejecutar en 72 horas”, la realidad es que esta privación de la libertad “se ha revelado una medida profundamente injusta, arbitraria, aleatoria y que no toma en cuenta las situaciones de vulnerabilidad particulares que desaconsejan solicitar autorización de internamiento, como en el caso de menores de edad, personas necesitadas de protección internacional, personas con enfermedades mentales o aquellas cuya devolución se anticipa imposible”.
También se cuestiona si los CIE son habitables en esta “nueva normalidad” que se presenta tras el golpe del coronavirus: “Surgen dudas sobre si los centros tendrían la capacidad para implantar medidas de distanciamiento y prevención higiénica suficientes, dadas las continuas deficiencias estructurales y de servicios”. Un día a día de hacinamiento y vulnerabilidad “que organizaciones sociales, Defensor del Pueblo y juzgados de control han venido denunciando durante los últimos años”.
Inversión económica
“Hay alternativas –inquiere el SJM– menos lesivas para los derechos humanos que el internamiento y, además, menos gravosas para el bolsillo de los contribuyentes”. Y es que, en caso de volver a ser ocupados, se entiende que los CIE deberían ser reformados para atender a estas nuevas condiciones sanitarias exigidas.
Una actitud, por cierto, que no se ha tenido con “algunas personas que fueron puestas en libertad desde el CIE de Aluche en Madrid sin medidas preventivas y sin redes de apoyo local, teniendo que dormir en estaciones de autobús y vagando a la intemperie”. Con todo, reconoce el SJM, la realidad es que, salvos estos casos excepcionales, “España ha destacado en Europa por su buena práctica durante la crisis del COVID-19 de la progresiva puesta en libertad de las personas extranjeras internadas”.
Efectos profundos
Más allá de la situación en los CIE, la entidad jesuita constata que “la crisis económica provocada por la pandemia del COVID-19 puede tener efectos importantes en los movimientos migratorios. Conforme se alargó la última crisis, España fue más país de emigración y de tránsito que de inmigración. Es probable que suceda lo mismo. La prolongación de las situaciones de paro entre personas extranjeras con autorización de residencia temporal puede aumentar los casos de irregularidad sobrevenida”.
“Es tiempo –concluye el SJM– de diseñar y aplicar políticas que amortigüen el impacto de la crisis y que impidan la irregularidad sobrevenida. No es tiempo de pensar en políticas migratorias represivas y en el internamiento como demostración de fuerza que solo tranquiliza a la opinión pública en el país. Los nuevos tiempos demandan nuevas políticas”
