Con el objetivo de erradicar los abusos sexuales a menores y adultos vulnerables que se pudieran cometer en el seno de la Iglesia, el obispo de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, ha puesto en marcha la Delegación episcopal para la protección del menor y de los adultos vulnerables. Para ello, hoy, 14 de mayo, ha tenido lugar la presentación del proyecto a los medios de comunicación, en la que el obispo ha comunicado el nombramiento de Gil Sáez Martínez, vicario Judicial, como delegado episcopal para este nuevo departamento diocesano.
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En su intervención, el obispo ha subrayado su preocupación por este tema, que ha calificado como “una realidad muy dolorosa”, indicando que la Iglesia “sale al paso para ayudar y dar una atención cercana ante un acto criminal”, a través de un trabajo “multidisciplinar y complejo”. Asimismo, ha explicado que con esta delegación se pretende no solo prestar ayuda a las víctimas y a sus familias, sino formar y concienciar sobre este problema. Ha explicado, además, que a inicio de este curso pidió a los sacerdotes de la Diócesis una “especial sensibilidad para salir al encuentro de las víctimas”.
La Delegación episcopal para la protección del menor y de los adultos vulnerables se encargará de ofrecer a las víctimas de abusos la posibilidad de ser escuchadas y acompañadas. Para ello, la Diócesis de Cartagena, a través de la nueva delegación, ofrecerá atención a estas víctimas con acompañamiento personal, psicológico, espiritual y jurídico.
Diversas labores
La primera tarea de la delegación será la elaboración de un protocolo de prevención, reparación, atención a las víctimas y su resarcimiento ante los daños que hayan sufrido. Un protocolo que debe ser integral y que establecerá el número de casos en los que se haya dado abuso sexual por parte de sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos en la Diócesis de Cartagena desde 1950.
Entre los objetivos principales está el de escuchar a las víctimas y si no es posible llevar a juicio a sus agresores, en ninguna de las dos jurisdicciones, establecer mecanismos de justicia restaurativa. Otra de las tareas será implantar una línea de actuación para crear un código de conducta que afectará a toda la Iglesia diocesana, para evitar que los menores o los adultos vulnerables puedan ser atacados en su dignidad física y sexual. Para ello, se llevará a cabo una formación permanente, tanto de los miembros de la delegación como de sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos comprometidos.
La delegación se encargará también de establecer los mecanismos de actuación para que, cuando se presente una denuncia, poder asegurar que se actúa de forma eficiente, ya sea un caso reciente o antiguo. Se concretarán, de esta manera, los mecanismos de reparación a las víctimas cuando se produzca la resolución canónica o civil sobre los hechos denunciados; acompañará a los agresores; realizará un informe anual sobre los casos atendidos por esta delegación y otro económico de gastos e ingresos; así como una evaluación anual para mejorar el funcionamiento de la delegación.
