El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado hoy, 19 de mayo, el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Una normativa que, si bien se había presentado en febrero, parecía que iba a quedar paralizado debido a la crisis del Covid-19. Sin embargo, en la rueda de prensa en la que se ha presentado la ley, Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica, lo ha dejado claro: “No podemos volver al modelo anterior”. Una postura que no solo alinea a España con los compromisos adquiridos en los Acuerdos de París, sino que también pone al país entero en una senda Laudato si’ –precisamente en la semana convocada por el Papa para conmemorar la encíclica–.
“Estamos viviendo un momento de crisis; lo vemos en el medio ambiente, pero sobre todo lo vemos en el hombre. La persona humana está en peligro (…). ¡He aquí la urgencia de la ecología humana! Y el peligro es grave porque la causa del problema no es superficial, sino profunda: no es solo una cuestión de economía, sino de ética y de antropología”. Son palabras del papa Francisco en su audiencia general del 5 de junio de 2013. Han pasado casi siete años desde aquella mañana de junio, pero su mensaje cobra hoy, en plena crisis por el coronavirus, más fuerza que nunca.
Cuidar el planeta y no dejar a nadie atrás. Dos caras de la misma moneda que Francisco ha defendido durante todo su pontificado pero que, tal vez, sea una máxima que se vea especialmente bien representada en Laudato si’. Desde su publicación, el Papa no ha dejado de repetir ante diversos organismos y grupos sociales que, ciertamente, apostar por la transición ecológica supone un reto, pero que “escuchar el grito de los pobres y de la tierra” es determinante. Así, en el proyecto de Ley propuesto por el Ejecutivo de Pedro Sánchez se pueden vislumbrar iniciativas muy alineadas con la encíclica, basándose en la neutralidad de emisiones de España antes de 2050 y la creación de nuevos puestos de trabajo.
Para alcanzar la neutralidad climática en 30 años, el proyecto de Ley establece que en 2030 las emisiones de la economía española deben haberse reducido al menos un 20% respecto a 1990. Esto va en línea, precisamente, del aumento de los objetivos de la Comisión Europea en este sentido, que plantea que el conjunto de los estados miembro hayan reducido ese año sus emisiones entre un 50 y un 55%.
Asimismo, se establece que 2030, al menos el 35% del consumo final de la energía sea de origen renovable. En cuanto al sistema eléctrico, apunta que en 2030 debe ser renovable en un 70%, para alcanzar el 100% en 2050. Para lograr estos objetivos, se implantarán sucesivos planes de Nacionales de Energía y Clima (PNIEC).
Otro de los puntos imprescindibles es el hecho de facilitar la conversión ecológica de nuestro país por medio de la creación de empleo inclusivo y de calidad. De acuerdo a la propuesta del Gobierno, se plantea la generación, en los próximos 10 años, de entre 250.000 y 350.000 empleos netos anuales.
Asimismo, el texto reconoce la necesidad de apoyar la política agraria común, el desarrollo rural y forestal y, con ello, el de sus poblaciones. Según la Organización Internacional del Trabajo, son precisamente estas poblaciones donde más se manifiestan los efectos de la pobreza y, por ello, se hace indispensable su cuidado. Por ello, el proyecto de Ley introduce medidas orientadas a reducir la vulnerabilidad producida por el cambio climático en los suelos agrícolas y forestales, y contempla la elaboración de un mapa de vulnerabilidad.
“Hace falta cuidar los lugares comunes, los marcos visuales y los hitos urbanos que acrecientan nuestro sentido de pertenencia, nuestra sensación de arraigo, nuestro sentimiento de ‘estar en casa’ dentro de la ciudad que nos contiene y nos une. Es importante que las diferentes partes de una ciudad estén bien integradas y que los habitantes puedan tener una visión de conjunto” (Laudato si’, n. 151). Así habla Francisco en su encíclica y, curiosamente, es un apunte muy cercano a otra de las medidas propuestas por la Ley.
De hecho, la medida propone que en las poblaciones de más de 50.000 habitantes, los ayuntamientos establezcan antes de 2023 zonas de bajas emisiones en su planificación urbana, así como medidas de reducción de las emisiones por la movilidad, fomentando el transporte activo y el transporte público.
El Papa ha insistido en múltiples ocasiones en la importancia de la educación. De hecho, Francisco ha resultado uno de los principales promotores de un Pacto Educativo Global, cuyo primer encuentro debería haberse celebrado el pasado 14 de mayo en el Vaticano.
Esta ley buscará promover y reforzar el conocimiento del cambio climático y sus consecuencias, fomentando la concienciación sobre el mismo. Por ello, se revisará cómo se trata este tema a nivel educativo, en todas las etapas y promoviendo especialmente su implantación en los planes universitarios y el Catálogo Nacional de Cualificación profesional.