La relación de las escuela católica y los colegios concertados con la ministra de Educación, Isabel Celaá, no ha empezado bien la legislatura ni promete encauzarse. Prueba de ello es el éxito de la segunda jornada de protestas en redes sociales organizada ayer, 20 de septiembre, por la Plataforma Concertados. Con el hashtag #ParemoslaleyCelaá, 115.000 tuits han dicho no a una ley que no puede ser aprobada en medio de esta pandemia y que contiene muchos elementos que impiden el necesario consenso, según los convocantes.
Los datos de tráfico, respaldan las propuestas que también se produjeron el pasado 4 de mayo, cuando más de 100.000 tuits apoyaron la campaña #StopLeyCelaá. Por ello, la propuesta de la campaña ha sido de nuevo trending topic, en un momento en el que, a pesar del estado de alarma, sigue la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley.
Una propuesta que, según la plataforma formada por Escuelas Católicas, CECE, CONCAPA, COFAPA, FSIE y FEUSO entre otros, “contiene medidas que lesionan y limitan las libertades y derechos de las familias y los centros, y que han provocado el rechazo contundente de una gran parte de la comunidad educativa”.
“El Gobierno y los partidos que lo sustentan deberían escuchar y reflexionar sobre su empeño en aprobar con tanta urgencia una Ley que no va a tener el suficiente consenso y apoyo social”, reclaman los convocantes apelando a las experiencias del pasado. Con la incertidumbre del nuevo curso, que “se prevé complejo”, los esfuerzos deben centrarse en “para reducir y paliar los efectos que la crisis sanitaria y económica está teniendo sobre el alumnado”, reivindican.
Por ello, exigen que “debe paralizarse su trámite parlamentario” y promoverse, en clave con la reconstrucción social “un Pacto Educativo para garantizar la estabilidad que necesita el sistema educativo”.