El Consejo de Ministros Extraordinario ha aprobado hoy una de las propuestas más significativas del Gobierno de colación de izquierdas liderado por Pedro Sánchez: el Ingreso Mínimo Vital. Una medida por la que recibirían una ayuda concreta y continua hasta 2.300.000 ciudadanos en situación de grave vulnerabilidad.
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Jesús Fernández, obispo auxiliar de Santiago de Compostela, se felicita por ello y destaca que “Cáritas [el prelado es su responsable en la Conferencia Episcopal] ha colaborado con el Gobierno en la puesta en marcha de esta medida. El Ejecutivo ha escuchado algo que le llevábamos mucho tiempo solicitando y se ha apoyado en buena parte en el Tercer Sector, especialmente en nosotros”.
Clave en su aplicación
De este modo, Cáritas “puede contribuir mucho a su aplicación en cosas como ser un puente con la gente atendida en muchos proyectos e informarla de su situación, por si pueden ser beneficiarios de esta ayuda. Lo mismo puede hacerse con muchas personas que, al no tener su situación regularizada, son invisibles para el Gobierno, pero no para Cáritas, que las apoya en su día a día”.
Para Fernández, la medida va en consonancia “con la Doctrina Social de la Iglesia, en el sentido de que todo se ha creado para todas las personas. También apela al bien común y hemos de involucrarnos en él, pues es algo que mira por la dignidad de todos”. Además de que, como concluye el obispo, “esto es algo que ya se hace en muchos países y en varias de nuestras autonomías. Se trata de complementar algo que ya se aplica y que, aunque tampoco solucionará el problema de la pobreza, sí paliará al menos la más severa”.
No es la renta mínima universal
Sebastián Mora, profesor de la Universidad Pontificia Comillas y durante muchos años secretario general de Cáritas Española, pide que “no se confunda esto con el salario mínimo interprofesional ni con la renta mínima universal”, a la que ha llamado recientemente Francisco. “Estamos –añade– ante algo bueno y deseable, y que Cáritas lleva pidiendo desde hace unos 15 años, y es que, a nivel estatal y con unos criterios comunes, hay que establecer un sistema de garantía de ingresos mínimos. Un modelo, además, que ha de ser permanente para personas en una determina condición social, mientras dure esta”.
Para Mora, otro aspecto deseable es que sea “ágil y flexible, por lo que ha de coordinarse con las autonomías y atender a determinadas posibilidades laborales: por ejemplo, hay gente a la que le salen trabajos de fin de semana y han de renunciar a ellos porque pierden lo recibido en la ayuda; una posibilidad es que esta se pueda reducir algo en esas circunstancias y complementarse con el sueldo recibido, ganando así más dinero el beneficiario”. “Más allá de cómo se aplique –concluye Mora–, el fin, el horizonte y la filosofía de esta medida es bueno y necesario. Lo era ya antes, por lo que ahora, tras el impacto por el coronavirus, lo es aún más”.
Una excelente noticia
Gonzalo Ruiz, presidente de la HOAC, entiende que es “una excelente noticia” que el Gobierno mire por “aquellas familias en pobreza extrema”, pues “la situación de absoluta vulnerabilidad en la que están miles y miles de familias no tiene espera. Es fundamental que se ponga en marcha sin dilación para que, rápidamente, las familias afectadas puedan hacer uso de esos recursos económicos y puedan afrontar su futuro con cierta esperanza”.
Para Ruiz, “esta medida, entre otras, ha de ser el camino para que las personas y colectivos más vulnerables no se queden en la estacada y la brecha social no se agrande. No debemos olvidar que España es uno de los países europeos con mayor desigualdad social y mayores índices de pobreza”. De ahí que alerte “de las dificultades que pueden suponer los procesos burocráticos que llevan todos estos planes, convirtiéndose la obtención de la ayuda en una auténtica carrera de obstáculos, como muchas veces denuncian los militantes comprometidos en los barrios ignorados”.
