El rector de la Universidad Pontifica Lateranense, Vincenzo Buonomo, está convencido de que la nueva legislación vaticana sobre contratos y licitaciones que se ha hecho pública hoy permitirá “homogeneizar” de una vez la gestión de la Curia Romana y el Estado de la Ciudad del Vaticano.
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El experto en Derecho Internacional dice estar satisfecho, no solo porque de esta manera la Santa Sede hace realidad la firma en 2016 de la llamada Convención de Mérida de la ONU contra la corrupción, sino que además se concretan “aquellos principios propios de la Doctrina Social de la Iglesia, el corpus a través del cual el mensaje cristiano encuentra maneras de guiar las conductas y estructuras también de la vida económica”.
Reducir el gasto
Además, se congratula de que la reforma permitirá mejorar “la rentabilidad, la eficacia y la eficiencia, incluso superar aquellos protocolos que pesa sobre los procedimientos, evitando solapamientos en las intervenciones e incluso operaciones innecesarias”.
Buonomo, uno de los impulsores de la nueva legislación vaticana sobre contratos y licitaciones, se atreve a decir que la nueva normativa pontificia “establece nuevas reglas en el horizonte de la economía mundial, indicando cómo la magnitud en el suministro de bienes y servicios es capaz de reducir el gasto”.
Planificación y racionalización
En este sentido, considera que el motu prorpio establece “criterios de control para garantizar la sostenibilidad de los gastos, que se hace aún más necesario por el difícil período en el que vivimos”. Así, asegura que el Vaticano entrará en una cultura de “planificación y racionalización” del gasto para no fruto de la inventiva, sino como parte de unas líneas maestras diseñadas a medio y largo plazo”.
Lejos de caer en un proceso de burocratización de la vida eclesial, el rector de la Lateranense considera que “en un momento en que se necesitan procedimientos ágiles y funcionales, las nuevas leyes se presentan como una herramienta para repensar las funciones de cada uno y cambiar la conducta en aras de orientar esas funciones y esa conducta solo al servicio”.
Objetivo estructural
“No basta con decir que las nuevas normas llenan un vacío. La misión de la reforma no es complementaria sino estructural, es decir, es una llamada a educar a las personas en sus diferentes responsabilidades y funciones, a cambiar las formas de hacer y trabajar de las instituciones e instituciones”.
De esta manera, se muestra convencido de que la reforma “abrirá el camino a una colaboración leal y generalizada para que todos, en la búsqueda de los objetivos propios de cada departamento, se sientan parte de un cuerpo”. “Se podría decir que, además de ser normas, las nuevas leyes son una alerta para redescubrir lo importante -y urgente- que es gestionar mejor los recursos que administra la Santa Sede para alcanzar los objetivos que son propios de la Iglesia”.
